La AIReF certifica que el objetivo de déficit es «improbable» a falta de la financiación
Los 1.350 millones que adeuda el Estado a la Junta por la financiación suponen la Piedra Rossetta con la que descifrar los Presupuestos y no sólo dar respuesta a los servicios públicos –únicamente la dependencia supone 1.462 millones o las universidades, 1.278,5 millones– sino cumplir con las obligaciones de equilibrio financiero de la Administración autonómica. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF ) considera «improbable» que Andalucía cumpla el objetivo de estabilidad del PIB fijado para las comunidades y le asigna «un riesgo moderado de incumplimiento» sobre la regla de gasto, según su informe de seguimiento mensual de los datos de ejecución presupuestaria, publicados ayer. Sin la actualización de las entregas a cuenta, subrayan en la Consejería de Hacienda, sería inviable cumplir el objetivo de déficit y se encarecería, por ejemplo, la salida a los mercados. El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, especificó ayer que la situación de «bloqueo» –calificada incluso por el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, como «un chantaje» para propiciar la investidura de Pedro Sánchez– nos pone en situación más complicada desde el punto de vista del déficit, nos dificulta mucho el cumplimiento» y descartó un recorte del gasto social porque «es lo contrario de lo que hemos hecho». Fuentes de la Consejería de Hacienda informaron a LA RAZÓN de que si el Ejecutivo central continúa sin actualizar las entregas a cuenta, Andalucía se puede encontrar con una situación «delicada».
El organismo externo evaluador de Hacienda mantiene las consideraciones sobre el grueso de comunidades, aunque algunas como Castilla y León empeoran y su calificación en cuanto al cumplimiento pasa también a improbable. El cumplimiento de «improbable» que la AIReF otorga a Andalucía, lo extiende a Asturias, Madrid y La Rioja, mientras que la calificación de «muy improbable» la reserva para Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. La AIReF explicó que en 2018 se inició a partir de julio la regularización de las entregas a cuenta, pagadas en prórroga hasta la fecha, una regularización que este año no se hará hasta diciembre, en el que se recuperará gran parte la caída que se registrará hasta ese momento. La no reiteración de ingresos extraordinarios percibidos al cierre del año anterior, Fondos de la Unión Europea y sentencias condenatorias, moderará la recuperación de diciembre de los ingresos del sistema de financiación. La consideración de las comunidades autónomas por este organismo externo evaluador sobre su objetivo de estabilidad se sustenta en el hecho de que el déficit de este subsector aumentó cuatro décimas hasta julio sobre el cierre de 2018, hasta el -0,6% en términos de 12 meses acumulados, debido, fundamentalmente, a la evolución de los recursos del sistema de financiación autonómica, recogió Europa Press.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, volvió ayer a pedir al Gobierno central que convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación autonómica. El presidente de la Junta ha exigido incluso por carta al jefe del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez, el pago de los 1.350 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta. Si continúa este bloqueo, Junama Moreno ya advirtió de que se verían afectados ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El Presupuesto de 2019 había previsto unos ingresos no financieros de 31.776 millones. De ellos, en función del crecimiento económico esperado, se fijaron un total de 19.223,44 millones para el conjunto de las entregas a cuenta. Su no actualización sitúa esta cantidad en 18.386 millones, lo que supone una merma en los ingresos públicos de la comunidad de 837 millones. A ello se le suman casi 513 millones del denominado «mes trece» de IVA, correspondiente a la liquidación definitiva del IVA del ejercicio de 2017, en el que se implantó el Suministro de Información Inmediata. En 2017 se liquidaron once meses y ese mes que falta se tiene que liquidar en 2019. «No es una cuestión política, es un tema técnico sobre derechos devengados y caja», sostienen. La suma de ambos conceptos da como resultado los 1.350 millones. Dentro de esos 837 millones de las entregas a cuenta se incluye la transferencia de lo recaudado por el impuesto de hidrocarburos. Desde el 1 de enero de 2019, tras su aprobación en los Presupuestos de 2018, es el Estado el que recauda este impuesto en lugar de las comunidades autónomas, que deben recibir el 100% de lo recaudado para su financiación. En el caso de Andalucía, el montante que le corresponde asciende a 240 millones.