Aforados en excesos
a iniciativa de una gran mayoría del Parlamento autonómico de la Región de Murcia –PP, PSOE y Ciudadanos– debería generalizarse en el resto de las Comunidades y quizá ampliarse a algunas instituciones y colectivos más. Me refiero a la eliminación de aforados, que en España afecta a un excesivo número en proporción con el resto de los países de nuestro entorno. La propuesta realizada el lunes por aquéllos fue aprobada por el Congreso de los Diputados. Lástima que no lo fuera por unanimidad.
Este privilegio de los políticos es desproporcionado no sólo en la cifra sino en que se extienda a cualquier causa judicial que afecte a los aforados, independientemente que se derive o no del ejercicio de su cargo. Según las cifras publicadas, Ejército aparte, son 17.600 políticos, jueces, fiscales y miembros de otras instituciones como Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado o defensores del pueblo.
Además, como subrayó uno de los ponentes ante la Cámara Baja «mientras existan los aforamientos, las resistencias a ceder el control político del Consejo General del Poder Judicial y la designación de los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia serán enormes y seguiremos apuñalando a Montesquieu y a la separación de poderes».
Al comentar estas líneas, mi amigo Rogelio recordó el compromiso del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, cuando anunció «urbi et orbi», allá por septiembre del año pasado, su intención de presentar en el plano de 60 días de reducir el número de aforados en España recabando para ello el apoyo de los tres quintos necesarios para cambiar la Constitución. Iba más allá del Cámaras regionales. Se le ha debido olvidar. A él y a Iván Redondo.
Bienvenida la iniciativa murciana. Así es la vida.