Comisionado Prado pide a Michelle Bachelet evaluar medidas adoptadas en materia de DDHH por el régimen de Maduro

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El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, pidió a la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, que evalúe las medidas adoptadas por el régimen de Nicolás Maduro, que buscan presentarse como meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad y acatamiento de los lineamientos internacionales

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A continuación el comunicado completo:

Estimada Alta Comisionada, ante todo, solicitamos se evalúe al régimen de Nicolás Maduro por los hechos, y no por las promesas:

Reciba un cordial saludo en mi condición de Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, designado por el Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó.

Me dirijo muy respetuosamente ante usted con el propósito de elevar el presente una consideraciones ante esta honorable Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación a severas declaraciones emitidas a través de la red social Twitter, donde se afirma lo siguiente:

“#Venezuela anunció recientemente reformas de la policía y de la detención. Estos son pasos en la buena dirección para los derechos humanos y oportunidades alentadoras para aplicar las recomendaciones de @UNHumanRights”.

Esta Comisión Presidencial hace notar que las recientes “reestructuraciones” que ha formalizado el régimen de Nicolás Maduro en cuanto a modificaciones en el organigrama de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), publicadas en Gaceta Oficial No. 42.109 del 13 de abril de 2021, así como el reciente traslado de los 306 presos políticos recluidos en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a la custodia del Ministerio de Servicio Penitenciario, publicado en Gaceta Oficial No. 42.125 de fecha 12 de mayo de 2021, se constituyen como decisiones fuera del orden jurídico del país, claramente contrarias al texto de la Constitución Nacional y, por supuesto, desfasadas de la realidad social de Venezuela.

Estas supuestas reestructuraciones no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad y acatamiento de los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, al indagar en el contenido de dichas medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que no hacen más que demostrar la falta de interés real del régimen de Nicolás Maduro por adecuarse a los estándares de derechos humanos.

Es así como, por parte de la reforma al cuerpo de la PNB, queda de manifiesto que el nombramiento de una “Comisión de Reestructuración de la Policía”, encabezada por una Almirante retirada y un General de División, ambos con formación militar, contraviene indubitablemente el artículo 332 de la Constitución venezolana, donde expresamente establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.

Tomando en cuenta que de las 2.853 personas que fueron asesinadas por policías y militares en 2020 en Venezuela, la PNB fue responsable de 672 de esas ejecuciones, según una investigación de la ONG PROVEA. Habría que considerar, por lo tanto, que para que esta reestructuración tuviese algún valor práctico para la realidad política, social y jurídica del país, debería colocarse a la orden de una justicia autónoma e imparcial a los presuntos responsables de dichas ejecuciones extrajudiciales.

Por otra parte, en relación a la reciente decisión de traslado de los 306 presos políticos reclusos en las instalaciones de la DGCIM y el SEBIN a la custodia del Ministerio de Servicio Penitenciario adepto al régimen de facto de Nicolás Maduro, se manifiesta ab initio la transgresión a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pues dichas personas permanecen recluidas debido a causas e intereses de orden meramente político, denegados de debidas garantías judiciales y sin justificación jurídica verdadera.

Añadido a esto, el traslado de este grupo de personas a cáceles sociales venezolanas supone, prácticamente, una condena a muerte; pues es no es un secreto para la comunidad internacional, y especialmente para este Alto Comisionado, el deplorable estado en el que se encuentran las prisiones de Venezuela, y la carencia total de seguridad que prepondera en aquellas.

La situación Sra. Alta Comisionada en materia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad no podemos olvidar que la Corte Interamericana de DDHH, a dictado medidas Provisionales a favor de la vida de la población reclusa de “La Pica”; “Yare I”; “Yare”-, “Uribana”; “Rodeo I”; “Rodeo II”; “Tocorón”; “Vista Hermosa”; “El Cepra” y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicto Medidas Cautelares a la favor de los presos que están en los Calabozos del Comando policial de Carúpano y el reten policial de Cabimas y hasta los actuales momentos el régimen de nicolas maduro no se ha dignado a responderle a la Corte ni a la Comisión y nuestros presos siguen muriendo de desnutrición, tuberculosis, sida, y enfrentamiento entre banda, además los pranes siguen haciendo de las suyas bajo la complicidad del régimen y un hacinamiento que ronda por el 170 %, además desde 1999 hasta el 2020 han muertos en las cárceles de nuestro país. 7.374 y han resultados heridos 17.715 lo que significa que 25.089 personas han sido tocadas por la violencia penitenciaria.

Le pido mil disculpas por responder con la realidad que tiene mi país y siempre me acuerdo de la ultima parte de un poema anónimo que se llama “Verdades Amarga”

“Pero si tengo la palabra tosca
con estas líneas turbias y sin nombre,
doblando las rodillas en el polvo
pido perdón a Dios…pero no al hombre”.

En este sentido, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas invita la honorable Alta Comisionada a evaluar las medidas tomadas por el régimen fáctico de Nicolás Maduro mediante los hechos y las consecuencias reales de dichas decisiones para la realidad venezolana, y no a través de las promesas y formalismos revestidos de falsa legalidad y apego a los estándares internacionales de derechos humanos que, además, demuestran una clara lejanía de las normas internas de Venezuela y una intencionalidad manifiesta de mantener una política de Estado fundamentada en la persecución política, la censura y la prevalencia de los intereses políticos sobre el respeto y la garantía de los derechos y libertades de las personas.

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