La pobreza crónica se instala en familias donde viven 300.000 niños

Rocío y Ángeles acompañan a sus hijos al centro social donde cuatro tardes en semana acuden una veintena de chicos del barrio de Los Bermejales, en Sevilla. Las dos horas que pasan de lunes a jueves es lo habitual de hoy: niños con las tardes atiborradas de actividades extraescolares para extender la jornada escolar. Para ellos es diferente. Ese tiempo es un punto de luz. Forman parte del programa de Caixa Proinfancia de lucha contra la pobreza, a través de Save the Children. Durante una hora reciben apoyo educativo –hacen las tareas de clase, preguntan dudas–; la otra hora la llenan con actividades de ocio. Son pobres y no están solos: hay 300.000 niños andaluces en su misma situación, instalados al borde de la exclusión social desde hace años. Así lo corroboran los sucesivos informes sobre pobreza publicados. Ángeles habla con naturalidad de vivir con 300 euros al mes. «Es verdad que los padres pobres hacen niños pobres. Yo llevo así toda la vida. Antes no se estudiaba y en cuanto te ponías de pie, tenías que empezar a trabajar», relata. Su hijo de 17 años ya estuvo el año pasado en el programa, financiado por Caixa Proinfancia. «La intervención permite darles otro camino. No quiero que mi hijo tenga que trabajar ahora. Es muy consciente de la realidad y dice que quiere estudiar para sacar a su familia adelante», cuenta emocionada. Ella siempre ha limpiado casas, ahora tiene algunas a las que sigue yendo, un extra que le permite «comer todos los días, aunque en mi casa la carne y el pescado ni los olemos».

Rocío acompaña todos los días a su hija de 10 años. La lleva a las cuatro de la tarde y la recoge a las seis. En paro, está casada y con los ingresos de ambos subsisten. A su familia las dificultades le llegaron con el crack económico de 2007. La construcción se hundió y se vieron incapaces de afrontar la casa en un pueblo de Sevilla que habían comprado. Sin opción de venderla –lo que les ofrecían no saldaba su deuda–, la rehipotecaron para ir pagándola mientras viven en otra cedida por sus padres. «Con ayuda de la familia vamos tirando», admite. Hasta hace poco recibían ayuda para comida. «Mi hija tiene TDAH. Iba muy mal en el colegio y yo no podía ayudarla. Desde que viene aquí ha cambiado en todo, estuvo en el campamento de verano y ahora es más autónoma», asegura. Dos educadoras sociales y puntualmente voluntarios atienden a los pequeños, de entre 6 y 18 años, derivados por los servicios sociales o por los centros en los que estudian. «Se entrevista a las familias y se realiza un plan específico de trabajo», explica Rocío Martín, coordinadora del programa desde 2013. Los grupos se dividen en dos por edades y realizan conjuntamente la hora de ocio, con actividades programadas mensualmente en función de los intereses que muestran los chicos: las manualidades y la psicomotricidad triunfan entre los pequeños; los adolescentes se decantan por reflexionar y plantear cuestiones que les inquietan. «La vinculación con las educadoras les permite establecer confianza para contarles lo que les ocurre en el colegio o si tienen algún problema», según la coordinadora, que destaca el mayor rendimiento educativo y la consolidación de rutinas de estudio como logros principales en niños que suelen tener dificultades en clase.

«A veces no son conscientes de la situación que está pasando su familia. Si les cortan la luz por impago, por ejemplo, sus padres les dicen que se ha roto. Conforme crecen van tomando conciencia, pero se acostumbran a lo que hay», explica Javier Cuenca, responsable de Save The Children en Andalucía. «Hay una cronificación de la pobreza. Las familias que están en esa situación lo siguen estando pese a las ayudas, es gente que se está quedando fuera del sistema –advierte–. La exclusión social solo sería evitable con ayudas de las administraciones que vayan directamente a los niños». La solución, en su opinión, pasa por establecer una prestación por hijo a cargo. «En Andalucía la renta mínima funciona regular. Hemos pedido que se adapte a unas cantidades y unos perfiles para que disminuya la pobreza. La nueva Ley de Infancia –todavía por aprobar– contempla un artículo a desarrollar detallando que se pondrá a disposición de las familias una prestación específica».

Las más vulnerables son familias monomarentales como la de Ángeles: el 80% tiene dificultades económicas. A Cuenca le preocupan también los casos en los que los dos progenitores tienen trabajo y aún así se encuentran en situación de pobreza. «Tienen empleos muy precarios y así no pueden salir. Nosotros pedimos prestaciones sociales no contributivas dirigidas a la infancia. Y deben eliminarse las trabas para que se puedan asignar ayudas como la renta mínima», advierte. Según los cálculos realizados por la organización, en Andalucía unas 245.000 personas cumplen los requisitos para recibirla. «La Junta solo se la concede a 45.000 –lamenta Cuenca–. Y aunque la cobraran todas, nuestro informe sobre su incidencia ha demostrado que el impacto en la reducción de la pobreza es nulo».

Ángeles no quiere oír hablar de renta de inserción ni de ayudas. Repite con insistencia que ella quiere un puesto de trabajo. «Que te paguen por trabajar te sube la autoestima», admite. «Te hace sentir útil», apunta Rocío, impedida por la fibromialgia que padece. Cuando se les habla de la subida del salario mínimo, Ángeles se ríe. «A mí en las casas donde voy me dicen que la cosa está muy mala y me pagan menos. Yo sigo yendo porque lo necesito», zanja.