Llegó el día D: empieza el juicio al procés y la cuenta atrás para Sánchez
La Justicia sienta este martes en el banquillo a toda una generación de políticos independentistas. El secesionismo no está descabezado, como proclamó cuando aún era vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría puesto que sigue gobernando Catalunya, pero el encarcelamiento de algunos de sus dirigentes y la decisión de Carles Puigdemont de desafiar a la Justicia española e instalarse en Bruselas convierte el juicio al procés y, sobre todo, a sus sentencias en otra prueba de resistencia para la cada vez más frágil unidad independentista.
La causa más importante de las últimas décadas también es un test para el propio Poder Judicial a examen dentro y fuera de España. Y por si fuera poco, el calendario ha querido que coincida con el momento más delicado de la legislatura de Pedro Sánchez, la tramitación de unos Presupuestos que dependen de los votos de los diputados independentistas. A solo unas horas para que el Congreso decida si se tramitan las cuentas, el Gobierno no tiene apoyos. Las elecciones, tanto las generales como las catalanas, están cada vez más cerca.
En un país en el que se ha abusado de los adjetivos, no parece exagerado afirmar que la vista que empieza en el Supremo es histórica, de esas de las que se estudiarán en los libros de texto. La Fiscalía quiere demostrar que en otoño del 2017 en Catalunya se produjo una rebelión, una acusación que ha sido cuestionada por más de un centenar de catedráticos penalistas españoles y que tampoco fue compartida por la justicia alemana, que se negó a entregar a Puigdemont al no apreciar la violencia que requiere un delito de esta gravedad.
La propia Audiencia Nacional en 2008 dijo que no era competente para investigar la rebelión (se pronunció a raíz de una querella de víctimas del franquismo) pero en cambio sí aceptó investigar el caso catalán y admitió las querellas del fallecido fiscal Maza contra los políticos independentistas. La propia competencia para juzgar la causa del procés será también motivo de controversia ya en la primera sesión de este martes.
La Fiscalía ve un alzamiento donde los partidos independentistas y los 'comuns' ven una manifestación. Donde unos ven a unos activistas, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, poniendo orden y desconvocando una protesta, otros ven a dos rebeldes alentando a la turba contra el Estado. Así ha sido durante la instrucción de la causa y así será durante las próximas semanas.
La vista oral del Supremo tendrá una enorme carga política y no solo por los alegatos iniciales y finales de los acusados o por la presencia de Vox como acusación popular y su secretario general, Javier Ortega Smith, con todos los focos apuntándole en los interrogatorios a los dirigentes independentistas. Todo ello retransmitido por televisión. En las próximas semanas se pondrá la moviola a los hechos de octubre y ante el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena desfilarán varios protagonistas, con la obligación, como testigos, de decir la verdad.
El expresidente Mariano Rajoy; la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el lehendakari, Iñigo Urkullu; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresident, Pere Aragonès… todos ellos deben explicar cómo combatieron, mediaron o impulsaron el proceso soberanista.
El momento de Junqueras
En ausencia de Puigdemont, el protagonismo será para Oriol Junqueras, a quien la Fiscalía señala como máximo responsable de esa presunta rebelión. El líder de ERC, quien ya soñaba con ser presidente de una república catalana cuando casi nadie hablaba de ella, se enfrenta a la máxima petición por parte de la Fiscalía: 25 años de cárcel. Este juicio podría truncar para siempre ese sueño, pese a que todas las encuestas apuntan que nunca había estado tan cerca de cumplirlo.
El líder republicano no reniega de la celebración del referéndum. Ni él ni ninguno de los otros acusados. El 1-O sigue siendo un triunfo para el independentismo, su mayor éxito. Otra cosa es la declaración unilateral de independencia, que casi un año y medio después ya parece no tener ni padre ni madre. A estas alturas solo la CUP y una ANC cada vez más cuestionada defienden su vigencia. Así ha sido hasta ahora porque en función de cuál sea la sentencia, el president, Quim Torra, ni siquiera descarta recuperarla. Es lo que Torra ha bautizado con el "momentum", un concepto añadido al diccionario del secesionismo, pese a que nadie tiene claro qué implica. Solo ERC, que no está por la labor de recuperar una senda unilateral, puede impedirlo ya sea convenciéndoles a Torra y Puigdemont por las buenas o negándole al president sus votos en el Parlament.
El independentismo siempre avanza dividido, aseguraba hace poco en privado uno de los dirigentes encarcelados. Siendo cierto que hasta ahora ha sido así y si no que le pregunten a Artur Mas, a quien la CUP envió a la "papelera de la historia", la fractura entre estos partidos cada vez es mayor. Puigdemont se resiste a adoptar un papel secundario y su círculo más próximo en el Parlament está dispuesto a poner contra las cuerdas de nuevo a ERC exigiendo su investidura. No hay una estrategia única y a menudo ni tan siquiera coordinada. Pero aun así sigue condicionando la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y su rechazo a la tramitación de los Presupuestos probablemente acabará precipitando un adelanto electoral antes de lo que el presidente tenía previsto. Ya nadie en el PSOE o en el Gobierno descarta las elecciones antes de las municipales y autonómicas del 26 de mayo y cada vez más dirigentes socialistas dan por hecha una una inminente convocatoria de los comicios una vez que el Congreso tumbe las cuentas.
Sin diálogo a la vista
Los presos, entretanto, reclaman no ser moneda de cambio en las negociaciones entre ambos Ejecutivos pero hasta ahora no han podido evitarlo. Bajo el epígrafe de "acabar con la represión en Catalunya", tanto Junts per Catalunya como en especial ERC insisten en exigir una petición tan ambigua como imposible de asumir por el Gobierno del PSOE. Pero que los socialistas no estén dispuestos a dar órdenes a la Fiscalía o que se nieguen a hablar sobre el derecho de autodeterminación, como exigen los partidos independentistas para permitir que los Presupuestos del Gobierno puedan al menos tramitarse, no significa que la derecha política y mediática vaya a cejar en su ofensiva para acusar a Sánchez de estar cediendo a las pretensiones del separatismo catalán.
El domingo PP, Ciudadanos y Vox midieron sus fuerzas en la calle y aunque la convocatoria no logró la asistencia de otras marchas patrióticas de la derecha, sí evidenció que sus bases están movilizadas.
Quedan menos de 48 horas para evitar que las cuentas del Gobierno salten por el aire y quede enterrada definitivamente una vía de diálogo entre la Moncloa y el Govern que vaya más allá de los formales contactos institucionales. Mucho deberían cambiar los planteamientos de ambas partes para que se reconduzca la negociación. En el Palau de la Generalitat se sigue hablando de autodeterminación mientras en la Moncloa se rastrea el calendario en busca de fechas electorales.
Así que, con la incógnita de si España se queda sin presupuestos, si Sánchez adelantará ya las elecciones y si el independentismo será capaz de aguantar en el Govern tras la sentencia, este martes se abre un juicio cuya última palabra no será la de los siete jueces del Supremo. Las defensas ya han dejado claro que si el fallo es condenatorio apelarán a la justicia europea. La única certeza es que la rúbrica final, nadie sabe cuándo, la pondrá el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.