Aeropuertos: Sin reconocimiento internacional no hay espacio aéreo
«Sin espacio aéreo propio no hay país». Así de claro se expresan fuentes del sector aeronáutico español. Por eso, la efímera ley de transitoriedad fundacional de la república catalana, aprobada por las formaciones secesionistas con nocturnidad y alevosía –saltándose el Estatuto, la Constitución y todas las normas europeas–, disponía de un apartado para definir que el territorio de Cataluña «está compuesto por el espacio terrestre, incluido el subsuelo, correspondiente a sus límites geográficos y administrativos, en el momento de entrar en vigor esta ley, por el mar territorial, incluida la plataforma marítima y el subsuelo, y por el espacio aéreo situado sobre el espacio terrestre y el mar territorial de Cataluña».
Problema: no existe espacio aéreo (ni marítimo ni terrestre) sin reconocimiento internacional. Por mucho que los secesionistas se empeñaran en crear un país imaginario, por mucho que se emperren en llamar «país» a Cataluña, la gestión del espacio aéreo es pública y está sujeta a la soberanía de cada país (para lo cual hace falta el reconocimiento global), pero no es cosa de los países. Queda bajo el paraguas de la legislación internacional que coordina la OACI.
La Organización de Aviación Civil Internacional, organismo de la ONU creado en 1944, trabaja junto a los 191 estados miembros del Convenio de Chicago «para ajustar las normas de aviación civil nacionales a las normas mundiales, permitiendo a su vez la operación segura en la red mundial de aviación de más de 100.000 vuelos diarios en cada región del mundo». Además, la OACI audita la capacidad de los estados de supervisión y vigilancia de la seguridad operacional y protección de la aviación civil.
«Ni asaltando las torres»
«Si no hay reconocimiento internacional, no se puede asignar un espacio aéreo. Lo contrario sería inmanejable», indican las mismas fuentes. Todos los expertos consultados remiten al mismo ejercicio: imaginemos que cualquiera pudiera declarar la independencia de éste o aquel territorio a su libre albedrío. Entre disputas territoriales y demás, el mundo sería intransitable porque: ¿quién está detrás de esos gobiernos? ¿Quién los ha elegido? ¿Cuánto va a durar ese país? ¿Tienen capacidad y recursos suficientes?
«Sería un desbarajuste. El dibujo hipotético de un estado catalán gestionando la navegación aérea es imposible. Se podría “traspasar” la titularidad de los aeropuertos (que es de Aena, participada al 51% por el Estado) y hasta la gestión de centros de control, pero no la del espacio aéreo», concluyen.
La gestión del espacio aéreo español es responsabilidad de Enaire, una entidad pública adscrita a Fomento, que dispone de cinco centros y 22 torres de control. Son 2,2 millones de kilómetros cuadrados entre la Península, Canarias, Sáhara Occidental, Baleares, el oeste del Mediterráneo y el Atlántico Norte. Uno de los cinco centros de control de tránsito está en Barcelona (los otros cuatro están en Madrid, Sevilla, Gran Canaria y Palma de Mallorca). Desde Barcelona se controla el tránsito no sólo de Cataluña sino también de la Comunidad Valenciana, Aragón, parte de Murcia y del Mediterráneo español, con una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados, y a los aeropuertos de Gerona-Costa Brava, Barcelona-El Prat, Reus y Lérida-Alguaire. Además, desde la dirección de la Región Este (Barcelona) se prestan servicios en los aeropuertos de Sabadell, Valencia y Alicante y en los aeropuertos de uso civil-militar de Murcia-San Javier y Albacete. «Ni aunque tomaran al asalto las torres podrían controlar el espacio aéreo. No habría vuelos y se causaría un trastorno brutal a toda Cataluña, a su economía, y al resto de regiones que dependen de Barcelona. Ese espacio aéreo, en un caso que rozaría lo absurdo, quedaría inutilizado. Ninguna compañía volaría sobre un cielo “pirata”», añaden los expertos.
De hecho, según la normativa internacional no existe un órgano de control aéreo ni gestores de navegación en todo el mundo que no dependan de un organismo central. En otras palabras: la navegación aérea en todo el planeta es responsabilidad de los gobiernos centrales; no de las regiones, lander o estados federados. Capítulo aparte merece el asunto de los controladores aéreos, que también dependen de Enaire. De los 3.900 empleados del gestor público, 2.000 son controladores. Unos 300 operan en Cataluña. El tiempo medio de formación de un controlador aéreo es de dos años.