Desaciertos cometidos por el gobierno neoliberal de Kast
Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en EEUU, con el argumento de que la absoluta libertad económica en el mercados genera automáticamente la absorción de mano de obra por parte de las empresas y el crecimiento de la oferta de bienes y servicios, fueron los primeros en adherir al pensamiento individualista de la escuela austríaca de economía. En Hispano América, el dictador Augusto Pinochet, con la mano conductora de Milton Friedman y sus “chicago boys”, también adhería a las políticas neoliberales y actualmente sus emuladores son el pintoresco Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile.
En columnas anteriores nos hemos referido a lo que sucede con los inmuebles fiscales que el Estado, a través de los años, le ha entregado gratuitamente a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas (FFAA) para que sean utilizados en sus propias actividades institucionales, pues se ha detectado que innumerables terrenos, llamados Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), localizados en todo el país, han sido vendidos por las anteriores en el mercado inmobiliario, luego lucrando con dicha actividad mercantil.
Hace un par de semanas, conforme a la ley, le solicitamos una entrevista al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para entregarle en sus manos copia del proyecto de ley que, con dos arquitectos y dos abogados, redactamos sobre esta materia, el que está a buen recaudo en una oscura oficina de la Cámara de Diputados, ello con el propósito de que esa autoridad competente lo activara y así, en un plazo prudente de tiempo, se tramitara y aprobara para regularizar la tenencia de estos inmuebles que, en rigor le pertenecen exclusivamente al Ministerio de Bienes Nacionales. La oficina de Poduje optó por no recibirnos y recientemente vimos en CNN Chile una entrevista sobre este asunto que la periodista Mónica Rincón le hizo al ministro de Defensa, Fernando Barros.
En la entrevista un aplomado y convincente Barros, “se sacó el pillo” y como la periodista, por desconocimiento o por otro motivo, no le hizo las preguntas que en rigor correspondían, los televidentes no pudieron conocer el fondo del asunto, razón más que suficiente para que este columnista le propusiera a ese canal de televisión una entrevista para que así la desinformada, hasta hoy, opinión pública pudiera conocer lo que sucede al respecto. Lo más probable será que esa entrevista no se realizará y así el lucrativo negocio de las transacciones comerciales entre agentes públicos uniformados y distinguidos actores privados se mantendrá inalterado.
En los últimos días varios medios de prensa han informado acerca de la falla geológica de San Ramón, que se encuentra al oriente de la ciudad de Santiago, entre los ríos Mapocho y Maipo. Como esta falla es activa y poco profunda, según los expertos, representa un riesgo sísmico para la población de varias comunas, entre otras, Vitacura, Las Condes, Peñalolén, La Reina, y por ello en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), según declaraciones de noviembre de 2021 del gobernador Claudio Orrego, se establecerá en ese instrumento normativo una restricción para construir nuevas viviendas en esos sectores.
En dicho PRMS, vigente desde 1994, se consulta que los 26 cerros isla existentes en esta saturada megalópolis son áreas verdes, definidos como parques naturales y que sus misiones, según la Fundación Cerros Islas, es contribuir en la construcción de una ciudad más justa y resiliente. En la comuna de Vitacura, cuyo Plan Regulador Comunal (PRC) se publicó en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1999, se levanta el cerro isla Alvarado y por indebidas, pero convincentes, presiones de empresas inmobiliarias, dueñas de varios terrenos en pendiente allí localizados, las entonces autoridades del Minvu, del Gobierno Regional y del propio municipio aceptaron, tiempo después, modificar las reglas del juego para que se construyeran edificios en altura, a pesar de que esos sitios están afectados por la falla de San Ramón.
A esta altura del partido ya no nos extraña que este gobierno haya paralizado la tercera etapa de la necesaria ciclovía de la Alameda, que corresponde a las comunas de Estación Central y Lo Prado, que brinda continuidad a la ciclovía que va por Pajaritos. Esta es una obra pública establecida en un Convenio de Programación, suscrito formalmente por los Ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo (Minvu), Obras Públicas (MOP), Transportes y Telecomunicaciones, servicios de la administración que se comprometieron con el diseño, ejecución y financiamiento de obras en el eje Alameda, entre las cuales encontramos la nueva Plaza Italia, los tramos 1 y 2 de la ciclovía Alameda, el Parque Coronel Buenas y la limpieza de fachadas de construcciones que enfrentan la mencionada vía. Todas estas faenas se encuentran en distintas etapas de desarrollo, lo que aparentemente se desconoce en el Palacio de La Moneda.
Los convenios de programación son instrumentos de planificación que permiten la ejecución de esenciales obras que benefician a la ciudadanía, los que tienen rango constitucional y legal. Así las cosas, resulta inexplicable el incumplimiento del convenio por parte del Minvu, organismo que tenía la responsabilidad de financiar y ejecutar el tramo 3 de la ciclovía y que permitía concluir este relevante proyecto. Lo mismo acontece con la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), pues el MOP sostiene que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) le aconsejó no realizarla. Por ello la fundación Defendamos la Ciudad, ante estos erróneos comportamientos del gobierno, tiene la intención de recurrir a la Contraloría pues el Estado debe pagar, en el caso de la ciclovía, una suma del orden de los $ 6.000 millones en compensaciones por vulnerar la palabra empeñada.
Finalmente, leyendo la prensa, hemos sabido que Poduje informa que está buscando un acuerdo con el Ejército para utilizar algunos terrenos ocupados por esa institución, en los cuales se edificarían viviendas sociales: algo es algo. Respecto de la falla de San Ramón, entendemos que el preventivo proyecto de Orrego que modifica el PRMS, tiene resistencias por parte de quienes desean utilizar esas riesgosas zonas para levantar edificios y con referencia a la suspensión de la ciclovía y del GAM, sería sensato que Kast ponga orden en la casa.
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