Denuncia a Anticorrupción por presuntas irregularidades del Gobierno en un contrato del Valle de los Caídos
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato público vinculado a las actuaciones que el Gobierno está desarrollando en el Valle de los Caídos, rebautizado por el Gobierno como Valle de Cuelgamuros.
La denuncia se dirige contra los miembros de la Junta de Contratación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y también contra los responsables de las empresas implicadas, por posibles delitos de prevaricación y fraude en contratos públicos.
El contrato investigado, por importe superior a 345.000 euros, tenía como objeto la realización de análisis genéticos y la identificación de restos procedentes de las criptas del Valle de los Caídos.
Oferta más barata
Según denuncia Abogados Cristianos, este contrato fue adjudicado a la empresa Citogen SL, con sede en Zaragoza, a pesar de que no había presentado la oferta más económica, aun cuando el único criterio de adjudicación publicado era el precio.
De hecho, existía una propuesta casi 10.000 euros más barata que fue descartada sin que, según la Fundación, "se haya hecho pública ninguna justificación técnica que explique esta decisión".
Además, la organización advierte de que la empresa adjudicataria atravesaba "una situación económica muy delicada en el momento de la adjudicación, con pérdidas, problemas de liquidez y antecedentes concursales. A pesar de ello, fue seleccionada para ejecutar un contrato de elevada cuantía financiado con dinero público".
A estas circunstancias se suma un hecho que, según Abogados Cristianos, "resulta especialmente llamativo: apenas 35 días después de la adjudicación del contrato, el 100% de la empresa fue vendido a una sociedad del sector financiero".
Un cambio de control que, según la denuncia, "no consta que haya sido debidamente comunicado ni justificado en el expediente público".
Para la Fundación, esta sucesión de hechos plantea "serias dudas sobre quién iba a ejecutar realmente el contrato y si la adjudicación se realizó con pleno conocimiento de que la empresa cambiaría de manos inmediatamente después".
Por todo ello, Abogados Cristianos ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue en profundidad el proceso de adjudicación, que requiera el expediente completo y que cite a declarar tanto a los responsables del Ministerio como a los representantes de las empresas implicadas.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que “estamos ante indicios muy graves que podrían apuntar a un caso de corrupción en la gestión de contratos públicos relacionados con el Valle de los Caídos. No es normal que se adjudique un contrato a una empresa más cara, con problemas económicos, y que a las pocas semanas cambie de dueño sin explicaciones”.
Excluida de la licitación
Se da la circunstancia de que los trabajos se adjudicaron de forma definitiva el pasado enero después de que fuera rechazado un recurso presentado por la Fundación Tecnalia Research & Innovation, que fue excluida de la licitación.
Esto obligó a suspender el procedimiento, que ya había adjudicado el contrato a Citogen en octubre del año pasado. Se trata de una empresa con amplia experiencia en identificación de restos de la Guerra Civil y el Franquismo, según publicó la Cadena SER.
La labor de Citogen consiste en extraer el ADN de 300 muestras de huesos que estaban en las criptas del mausoleo de la Sierra de Guadarrama. A continuación se tienen que incluir los datos obtenidos en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura.
El plan de exhumaciones impulsado por el Gobierno tuvo uno de sus momentos más simbólicos en 2019 con el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Desde entonces, el Ejecutivo ha promovido distintas actuaciones para localizar e identificar restos tanto en fosas comunes repartidas por el territorio nacional como en el propio complejo monumental de Cuelgamuros.
Los trabajos comenzaron en 2023, después de que se aprobara un plan de exhumaciones que ha atravesado una dificil travesía judicial, protagonizada principalmente por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que representa a familiares de enterrados en Cuelgamuros que piden respeto para sus deudos.
En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la continuidad de la actividad al estimar los recursos presentados contra una sentencia previa que había anulado la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, municipio en el que se encuentra el complejo.
En el enclave monumental reposan los restos de 33.833 personas fallecidas durante la Guerra Civil, pertenecientes a ambos bandos, que se encuentran distribuidos en 11.060 cajas funerarias.
Los trabajos que incluye la licitación de Citogen responden a 206 solicitudes para la identificación de restos que podrían corresponder a los familiares de los peticionarios.
Hasta ahora son 20 los restos localizados, identificados y entregados a sus familiares, procedentes de cajas que fueron trasladadas al Valle desde el municipio abulense de Aldeaseca (11) y del municipio zaragozano de Borja (5), a los que se suman los restos de Constancio Allende y Luis Domenech, procedentes de tres cajas colectivas del cementerio de Biota (Zaragoza).
Coste final
Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), Entre las ofertas económicas presentadas, la de Citogen S.L. ascendió a 258.975 euros sin impuestos; la empresa resultó adjudicataria frente a la más costosa, que alcanzó los 310.500 euros, y a la opción más económica, presupuestada en 249.210 euros. No obstante, el importe definitivo del contrato se fijó finalmente en 345.000 euros, teniendo en cuenta parámetros adicionales requeridos en el procedimiento administrativo. El contrato incluye un apartado específico dedicado al análisis puntual de muestras biológicas de posibles familiares, lo que podría permitir un mayor nivel de precisión en las tareas de identificación, según consignó el BOE. El coste final del contrato podría superar la cifra ofrecida por las empresas licitadoras debido a los criterios complementarios contemplados durante la evaluación, puntualizó el Boletín Oficial.