Reprueba EU el combate a la trata en México
A pesar de los esfuerzos que se han implementado en los últimos años, el gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la erradicación de trata de personas, concluyó el Departamento de Estado de EU.
De acuerdo con el Reporte sobre Trata de Personas 2018, durante el último año nuestro país no solo logró menos condenas e identificó a menos víctimas que el año anterior, sino que también son prácticamente inexistentes los servicios especializados para atender a las víctimas de este delito.
Pese a ello, estimaciones de organizaciones internacionales y ONG señalan que en México existen al menos 375 mil personas explotadas en trabajo forzoso, lo que ubica al país en los primeros lugares de todo América; no obstante, según los observadores que analizaron las estadísticas oficiales y de las ONG, se identificó a menos de mil 500 víctimas de trabajo forzoso entre 2013 y 2017.
En el reporte se refiere que el retroceso durante 2017 es claro considerando que se realizaron 425 investigaciones federales y estatales, contra 476 del año anterior, además de que se iniciaron procesos penales contra 609 personas en causas federales y estatales y se logró condenar a 95 tratantes, mientras que en 2015 se iniciaron mil 57 procesos penales y las condenas en 2016 llegaron a 228.
Otro de los elementos en que se identificó un retroceso fue en el presupuesto para atender el fenómeno. De acuerdo con el reporte, en 2017 el gobierno federal destinó 6.7 millones de pesos a investigaciones y enjuiciamientos, lo que mostró una reducción de financiamiento en comparación con el año previo.
En tanto que la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los ámbitos federal y estatal repercutió en el número de condenas, además de que la incomprensión de la trata por parte de algunos jueces y fiscales, generó que algunos tratantes fueran enjuiciados por delitos menos graves o que incluso fueran absueltos,
Ante este panorama, el gobierno de Estados Unidos ubicó a México en el nivel dos de cuatro posibles en donde, no se busca establecer la magnitud del problema, sino en el alcance de los esfuerzos del gobierno federal para cumplir con las normas mínimas para la erradicación de la trata de personas.