Usuarios del SAS confirman la exclusión del médico público en las altas laborales
Las ondas expansivas del sistema actual de control de las bajas laborales que se ha establecido en la comunidad han alcanzado a los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Varios de ellos han trasladado a LA RAZÓN una escena similar: al acudir a sus respectivos médicos de cabecera para indicarles que se encontraban mejor y querían reincorporarse a sus puestos de trabajo, aquéllos les mostraron su «sorpresa» al consultar el ordenador y darse cuenta de que ya habían sido dados de alta por la inspección médica. En el caso de uno de ellos, S. A., quien sufrió un proceso de lumbalgia, su doctora comprobó que le habían tramitado un parte de baja de una semana y luego el alta. Días después de acudir a esa consulta, este paciente recibió un escrito rubricado por una inspectora de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI) de Sevilla, consultado por este periódico, en el que se asevera que por esa entidad se había procedido al «estudio y valoración de la patología» que originó su incapacidad temporal y, dado que resultaba «acreditado» que presentaba «una situación de mejoría de sus lesiones» por lo que ya no estaba impedido para llevar a cabo «las tareas fundamentales de su profesión», procedían a la «extensión del alta laboral». Ello, afirma S. A., sin ser visto por ningún profesional de esa unidad, como tampoco por su médico habitual. Sí tuvo que acudir a una cita con una mutua, en la que el doctor que lo atendió le comunicó que recomendaría su reincorporación, aunque le avisó de que no sería inmediata, sino a unos días vista, en diferido, como en efecto ocurrió.
El escrito de la UMVI al que tuvo acceso este diario recoge otro punto que confirmaría la exclusión de los médicos de familia en el modelo que se ha implantado en Andalucía, como ya se ha denunciado desde el ámbito de otros actores participantes en éste. En el documento se le explica a S. A. que a partir de la fecha del alta laboral por parte de la inspección no tendría que «recoger más partes de confirmación» de su médico de cabecera y se le advierte de que futuras ausencias a su lugar de trabajo que pudiera protagonizar en los seis meses posteriores por enfermedad deberían «tener la autorización» de dicha unidad. «En caso contrario –se añade–, aún habiéndose extendido por su médico de cabecera», sin el consentimiento previo de la UMVI, «se considerarán como bajas laborales nulas y carentes de validez». Todo ello, se refleja en el documento, de acuerdo a lo fijado en el articulado de la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1974, por la que se regulan determinadas funciones de la Inspección de los Servicios Sanitarios. Si bien, otras fuentes del sector de la salud avisan de que el Real Decreto 625/2014 y otras normas fijan un «modus operandi» para el control de las incapacidades temporales que dista del dibujado en lo que «al reconocimiento del trabajador por un facultativo del servicio público de salud se refiere», entre otros aspectos.
De hecho, la ex miembro de la UMVI sevillana Esperanza Morales, quien confirmó la existencia de cierto «malestar» entre sus ex compañeros por la manera en la que se gestionan las altas y que algunos de los inspectores que se han mostrado críticos han sufrido «represalias», se reunirá con los portavoces de Salud de los distintos Grupos Parlamentarios andaluces –a excepción de IULV-CA que ya ha formulado una PNL sobre esta problemática– para transmitirles las inquietudes de aquéllos.
Jornadas para los altos cargos
Profesionales de la inspección sanitaria andaluza han recibido un escrito, firmado por el máximo responsable del servicio, el subdirector Alfredo Sánchez Monteseirín, invitándoles a asistir a un encuentro de todas las comunidades autónomas para abordar la gestión de la incapacidad temporal y temas de salud laboral, que tendrá lugar en Sevilla este mes. Unas jornadas para «compartir información en relación con el abordaje de los problemas generados» en esos ámbitos, según Monteseirín, y que para fuentes del sector crítico podrían ser una «cortina de humo». «En Andalucía se invita sólo a los máximos cargos de las provincias y no a los inspectores de a pie», sostienen.