El año del feminicidio impune
El asesinato de mujeres en México cobró notoriedad internacional en 1993, gracias a los medios, mediante la publicación de centenares de historias de mujeres asesinadas en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. A pesar de ello, pasaron casi 20 años para que el país incluyera en su Código Penal Federal el delito de feminicidio. Paradójicamente, Chihuahua fue la última entidad federativa en incluir este delito en su legislación penal, ¡apenas en septiembre de 2017! Hasta el 12 de abril de 2019 (DOF), el feminicidio fue tipificado como ‘delito grave’ en La Constitución, para incluirlo dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La ONU, reconoce como una ‘violación grave a los derechos humanos’, aquellas cometidas en función del género, especialmente las ejercidas en contra de mujeres, que tiene como máxima expresión el feminicidio. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, México registró la segunda posición en la región con mayor número de feminicidios en 2018, con un total de 898 [Brasil aparece en el primer lugar, dentro de este indicador, con un total de mil 206 feminicidios contabilizados el año anterior]. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Jalisco, entre enero y octubre de 2019, se registraron 38 feminicidios, frente a los 25 presentados durante el mismo período en 2018: un preocupante incremento del 52% respecto del año anterior. Los municipios con mayor número de mujeres víctimas de feminicidio son: Monterrey (1ro), Culiacán (2do), Ciudad Juárez (3ro), Xalapa (4to) y Guadalajara (5to).
A pesar del horror de estos datos, la impunidad resulta más insultante. Para botón de muestra están los casos la joven de 26 años, a quien el nueve de septiembre pasado, un hombre roció ácido y quemó la mitad de su cuerpo: después de tres meses, a pesar de que unas cámaras captaron el rostro del agresor y de que la mujer culpa a su expareja de la autoría intelectual, aún no existen detenidos. Otro lamentable ejemplo es el de Abril “N”, quien fue asesinada el 25 de noviembre y quien meses atrás había denunciado a su marido por intento de feminicidio. En torno a su caso gira una enorme cantidad de errores (¿?) judiciales que permitieron que su marido –hoy prófugo de la justicia– fuera puesto en libertad, luego de que ‘jueces’ clasificaran la agresión de Abril “N” como “violencia familiar y agresiones”, y no como “intento de feminicidio”, que amerita prisión preventiva oficiosa. Más grotescos resultan los casos de Yolanda “P”, asesinada el 30 de julio de 2015 por su pareja Luis Alberto “N”, quien apenas el 12 de diciembre pasado fue puesto en libertad por la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, integrada por los magistrados Manuel Íñiguez Ramírez, Francisco Hernández Corona y Sergio Enrique Medina Covarrubias, debido a que “el acusado fue arrestado sin notificarle su orden de aprehensión”; como el de Heidi “J”, asesinada en enero de 2009 por su pareja, Eugenio “N”, liberado el 13 de diciembre pasado, a pesar de que en julio de 2009 confesó pagar 200 mil pesos a un sicario para asesinarla.
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