El 42 % de jueces en el Poder Judicial son provisionales

Un informe preliminar sobre la justicia en el Perú revela preocupantes cifras sobre su administración que deberían merecer la atención de las autoridades del sector y del Ejecutivo.

 

El documento señala, por ejemplo, que la carga procesal en el Poder Judicial supera los tres millones de expedientes y que la resolución de un juicio civil dura, en promedio, cinco años; aunque no pocos casos se han extendido una década y uno llegó a los 40 años.

 

Otros factores alarmantes  son que el 42 % de magistrados son provisionales o supernumerarios (reemplazan a jueces suplentes), que solo el 3% del presupuesto del Poder Judicial es asignado a infraestructura o capacitación de magistrados, y que casi la mitad de sanciones impuestas en los últimos 5 años por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fueron dirigidas a jueces.

 

Esto explica las deficiencias en la administración de justicia y, a su vez, dan origen a las críticas y a la tremenda desconfianza en el Poder Judicial.

 

El estudio fue elaborado por Gaceta Jurídica apelando a la Ley de Acceso a la Información y a un trabajo paciente de seis meses, en los que se incluyeron encuestas a abogados y litigantes. 

 

El director de la institución jurídica, Walter Gutiérrez Camacho, señala que el objetivo es completar el informe acerca del Poder Judicial con data sobre los demás operadores de justicia como el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Procuraduría y otros, a fin de poder elaborar un Plan Anual del Sistema Judicial que conlleve a plantear políticas públicas en el sector.

 

"Aunque parezca increíble, siendo la administración de justicia un servicio público básico que compromete la economía y los derechos, no cuenta con ninguna política pública, como sí hay en otros países", destaca y sostiene que es indispensable contar con esas políticas para que el sistema judicial sea eficiente.

 

Quizá el problema más grave en el Poder Judicial, según el estudio, sea el alto índice de provisionalidad de magistrados. De cada 100 jueces solo 58 son titulares. Los 42 restantes son provisionales o  supernumerarios, lo que constituye una amenaza para la independencia e imparcialidad en la función jurisdiccional. 

 

Hasta setiembre pasado, había 2075 jueces titulares y 1223 provisionales que en su mayoría ejercen en distritos judiciales con población de escasos recursos como Huánuco (54%), Madre de Dios (53%), Lima Este (52%). Ni la Corte Suprema se salva de la provisionalidad: 22 de los vocales supremos son provisionales.

 

Otro problema grave es la sobrecarga procesal. Cada año ingresan cerca de 200 mil expedientes al Poder Judicial. Durante el 2014  se logró resolver un poco más de un millón de expedientes, quedando cerca de dos millones pendientes. La excesiva carga es justificativo de las autoridades para la demora en los procesos que se prolongan hasta en 900%. 

 

Otros factores que motivan ese retraso son que el Estado es el litigante en cientos de miles de causas, ya sea como demandado o demandante, y que el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó únicamente el 61% de los recursos solicitados por el Poder Judicial y obliga a este a usar solo el 3% de su presupuesto para gastos de capital (infraestructura), precisa el informe.

 

Gutiérrez dice que todos esos problemas se solucionarían con la reforma del Poder Judicial, que se empezaría limitando la intervención de la Corte Suprema (solo para casos en que sentaría jurisprudencia) y privatizando la administración de justicia. Sobre esto último plantea que los servicios estén a cargo de la sociedad civil, como universidades, y se establezcan tarifas sociales para los menos pudientes.

Todos requieren del Poder Judicial (PJ) una eficiencia y comportamiento institucional acorde con los estándares internacionales sobre prestación de servicios de justicia. Por ello estamos de acuerdo en la necesidad de implementar un sistema que nos permita mejoras para cumplir con esa obligación, entendiendo que una adecuada administración de justicia es fundamental para preservar y fortalecer la democracia.  Pero eso requiere una asignación de recursos presupuestales adecuados; sin embargo, podríamos afirmar que las cuotas presupuestales no responden al criterio de equidad debidamente prescrito por el Art. 77 de la Constitución Política –sin que ello reste importancia a los programas sociales sensibles que impulsa el gobierno central–, salvo que el Ministerio de Economía y Finanzas explique las razones técnicas y sociales que conllevan no atender las necesidades presupuestales del Poder Judicial en igual o mayor medida.

* (Tomado de La Justicia en el Perú)