A pocos días de asumir como nuevo mandatario de Argentina,
Mauricio Macri ha desatado una gran polémica al nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, a pesar de que esta facultad le corresponde al Parlamento.
Esta modalidad de nombramiento no se utilizaba en la democracia argentina desde el siglo XIX, según apuntó la agencia EFE.
Las críticas contra Macri llegaron tanto de sus opositores como sus aliados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que se trata de "un mecanismo que prevé la Constitución Nacional", el mismo que prevé "llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado", durante las pausas de las sesiones parlamentarias, que se retomarán en marzo.
"Los nombres me parecen impecables. La forma me parece horrible", expresó el excandidato presidencial
Sergio Massa.
El senador Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, socios de Gobierno, lamentó que el presidente decidiera nombrar por decreto en lugar de "convocar a sesiones extraordinarias si es que hay celeridad".
Por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay declaró a EFE, que el hecho "es inconstitucional". Afirmó que el aludido artículo de la Constitución tiene validez para el nombramiento de embajadores o a altos cargos militares pero jamás para la cabeza del Poder Judicial. Añadió que el mecanismo "está derogado por la costumbre contraria".
Para designar a los miembros del tribunal máximo, se necesita la aprobación de dos tercios de la Cámara alta: 48. El oficialista frente
Cambiemos en el Senado solo cuenta con 15 representantes frente a los 41 senadores del opositor y kirchnerista
Frente para la Victoria.
Los flamantes magistrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti "son juristas de mucho prestigio", en opinión del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.