Periodistas llevan ante la CIDH reclamo por Concentración de medios

La justicia demora en el Perú. Ante la dura realidad, ocho periodistas que en noviembre del 2013 presentaron una demanda de Amparo contra la concentración de medios de prensa escrita en el Perú decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca precisamente de justicia.

 

En nombre de los ocho, la periodista Rosa María Palacios presentó ayer ante la mesa de partes de la CIDH, en Washington, Estados Unidos, un petitorio o demanda contra el Estado peruano por retardo en la administración de justicia y para que se preserve la libertad de información y el pluralismo informativo en el Perú.

 

 

Al igual que la Acción de Amparo, explicó Palacios a La República en entrevista telefónica, el petitorio cuestiona la compra de EPENSA por el grupo El Comercio al considerar que a partir de ese momento se configuró en el país una concentración de la propiedad y la venta de diarios en el Perú y de la venta de publicidad en medios escritos que vulnera el mandato del art. 61 de la Constitución del Perú.

 

La demanda es suscrita, además de Rosa María Palacios, por Augusto Álvarez Rodrich, Luz Helguero Seminario, Miroslav Lauer Holoubek, Gustavo Mohme Seminario –director del diario La República–, Marco Zileri Dougall y Fernando Valencia Osorio.

 

La jurisdicción internacional siempre estuvo abierta para los periodistas y, en general, para cualquier demandante. Sin embargo, por lo general, esto sucede luego que el reclamo no obtiene una respuesta satisfactoria dentro de los mecanismos judiciales internos.

 

 

Aquí lo que se da, anotan los periodistas, es que el Poder Judicial peruano no resuelve o dilata resolver la demanda por causas desconocidas y que no encuentran justificación en una recarga en la labor jurisdiccional o dificultad procesal.

 

El Amparo es un procedimiento sumario, en tanto se busca una solución rápida a la lesión o amenaza a un derecho fundamental. Los plazos que establece la norma constitucional son breves, pero aquí han transcurrido más de 22 meses sin solución.

 

Ni siquiera hay una respuesta en primera instancia, con lo que podrían pasar muchos años más antes de tener una solución. Desde enero del 2014, la demanda de Amparo se encuentra bajo estudio del juez titular Juan Ricardo Macedo Cuenca, del Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima.

 

Si bien la Comisión Interamericana reconoce que no siempre es posible cumplir los plazos legalmente establecidos y que, por tanto, cierta demora puede ser validada, para ello  es necesario que se dé una serie de condiciones justificables, como complejidad del asunto, exceso de trabajo del magistrado o la actividad procesal que debe desarrollarse.

 

 

Lo que se busca siempre es que la afectación del derecho no se prolongue injustificadamente y se resuelva con ese objetivo. Sin embargo, los demandantes alegan que no hay una justificación para la demora. El juez de la causa ni siquiera emite aún el auto de saneamiento del proceso. 

 

Es más, el 6 de mayo del 2015 el juez recién determinó que el caso está listo para resolver las excepciones deducidas por la empresa editora El Comercio, que es el paso previo al saneamiento.  

 

Las vistas de los abogados para que se dé una pronta solución no han sido escuchadas, precisan los demandantes en el petitorio presentado ante la CIDH.

 

Ante esta situación, cuando dentro de los plazos razonables no hay una respuesta en la jurisdicción interna, la Convención Americana de Derechos Humanos faculta a las víctimas a acudir a las instancias internacionales de manera directa. 

 

Rosa María Palacios estuvo a las 9 de la mañana de ayer jueves en la sede de la CIDH en 1889 de F. Street NW, en Washington DC, con una copia escrita de la demanda. El petitorio también fue alcanzado a la Comisión, vía correo electrónico, por sus abogados.

 

 

En la sede de la CIDH, Palacios se entrevistó con una abogada de registro que le explicó el procedimiento que seguirá la petición: un primer análisis  y evaluación de admisibilidad de fondo y forma. De ser admitida, se notificará al Estado peruano y se procederá a la evaluación de fondo.

 

En el proceso, puede darse una solución amistosa, si el Estado peruano acepta y toma acciones para evitar que continúe la violación de los derechos humanos afectados.

Si no se da esta situación, la Comisión emitirá un informe y, de ser necesario, presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

La petición está dirigida contra el Estado peruano, porque ante la CIDH no se querella a instituciones ni a personas individuales. Es el Estado, en este caso el peruano, el que responde por todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en sus fronteras, cualquiera sea el infractor.

 

Palacios también se entrevistó con la abogada Ona Flores, especialista de Derechos Humanos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

 

Flores le indicó que la relatoría hace un seguimiento de estos casos, en los que está en juego el derecho a la libertad de información, a fin de que la CIDH emita un pronunciamiento lo antes posible.

 

El trámite ante la Comisión también podría demorar algunos años, pero los periodistas creen que tienen más posibilidades de ser escuchados y obtener un reparo a su reclamo. ❧

 

 

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