'Los Temerarios del Crimen’: bancada Ppk cree en versión de Bruce y Flores
El legislador Jorge Meléndez sostiene que esperarán a que las investigaciones ratifiquen la versión de los congresistas, señalados como miembros de ‘Los temerarios del Crimen’.
La bancada Peruanos por el Kambio (Ppk) cree en la versión de los congresistas Carlos Bruce, actual ministro de Vivienda, y Clemente Flores. Ambos legisladores pertenecen a sus filas y han sido mencionados como miembros de la organización criminal ‘Los temerarios del Crimen’.
El vocero de Ppk, Jorge Meléndez, informó que luego de conversar con los parlamentarios de su bancada no encuentra algún caso de responsabilidad delictiva.
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"Creemos que la versión que se nos está dando se ajusta a la verdad. Sin embargo, para no adelantar opinión, esperemos que termine todo el proceso de investigación. Nosotros esperamos, tenemos esperanza, que se ratifiquen las versiones de los congresistas de nuestra bancada", declaró Meléndez para El Comercio.
Por tal motivo, consideran que Bruce y Clemente deben dar sus descargos y seguir con las investigaciones, cuyos resultados, esperan, ratifiquen sus versiones de los hechos.
"Confiamos en que a los dos parlamentarios de nuestra bancada les va a asistir la razón, que den sus descargos, sus puntos de vista respecto a ese tema. En mi caso no veo ninguna responsabilidad de carácter delictivo", manifestó.
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'Los Temerarios del Crimen'
Según el fiscal contra el Crimen Organizado, Juan Carrasco, ambos congresistas junto a Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Apra) y César Vásquez (Alianza Para el Progreso), trabajan con el cabecilla de 'Los Temerarios del Crimen' y hoy detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.
Según hipótesis fiscal, los parlamentarios hacían de intermediarios para favorecer a empresas en licitaciones públicas bajo previo soborno. Utilizaban la Comisión de Presupuesto para realizar modificaciones que permitan que, tanto alcalde provincial como parlamentario, coordinen y direccionen las obras públicas.
De comprobarse el hecho delictivo, los congresistas podrían ser acusados penalmente por tráfico de influencias, corrupción de funcionarios y organización criminal.
La pena en su contra no bajaría de los 15 años de prisión efectiva, además del monto de reparación civil que tendrían que pagar al Estado. No obstante, por el momento, con la inmunidad que gozan, no pueden ser sentenciados.