La jueza rechaza dejar en libertad a dos detenidos por el asesinato de los guardias civiles en Barbate
Señala que siguen investigados por contrabando y que se enfrentan a elevadas penas de prisión que no disipan el riesgo de fuga
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz), que investiga el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de esta localidad el pasado febrero, mantiene en prisión a dos de los imputados que habían solicitado su puesta en libertad, Mustafa C. y David G.N., que se encuentran en prisión provisional desde el pasado día 12 de febrero.
Sus defensas reclamaron su libertad tras conocer el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluye que la embarcación en la que viajaban junto con el resto de investigados no fue la que embistió a la lancha del Instituto Armado.
Pero la instructora ha denegado la medida argumentando que, a pesar de ese informe, los imputados siguen estando investigados por delitos de contrabando en el seno de una organización criminal, y por resistencia y desobediencia a agente de la autoridad, delitos que podrían acarrear una pena grave de hasta ocho años y medio de cárcel (solo el delito de contrabando en el marco de un grupo criminal puede suponer hasta siete años y medio de prisión).
La magistrada expone que la gravedad de esas penas alimenta el riesgo de fuga, pues no considera suficiente el arraigo que han invocado las defensas de ambos investigados en sus respectivas peticiones de libertad. Además, la jueza hace hincapié en que David G. N. tiene antecedentes policiales y está siendo investigado actualmente en otros dos procedimientos judiciales.
Cuatro motores y una antena
La decisión de la instructora es recurrible. Hasta el momento, estas son las únicas peticiones de libertad planteadas en el Juzgado a consecuencia del informe de la UCO. Al margen de ese dictamen, la Audiencia Provincial de Cádiz debe resolver aún varios recursos de apelación presentados por otros investigados que también reclamaban su libertad provisional.
La Guardia Civil señala en ese dictamen que "solo una embarcación de alta velocidad de cuatro motores y una antena, ocupada por al menos tres tripulantes" pudo ser la responsable de las seis "ofensivas" contra los agentes, la última de ellas mortal para dos de los seis guardias civiles. El informe afirma que los ocupantes de esa narcolancha –cuya identidad se desconoce una vez que la investigación no considera ya a los seis detenidos autores materiales de los asesinatos– "conocían la condición de agentes de la autoridad de los guardias civiles atacados", pues iban "uniformados" y a bordo de una embarcación oficial dotada de una luz rotativa encendida, lo que les hacía mucho más visibles durante la noche.