Los científicos, en pie de guerra contra el Gobierno por la regulación de cotización de los becarios: "Es una carga económica inasumible"
Asociaciones científicas cargan contra la ministra Saiz por su falta de diálogo y por imponer una "política recaudatoria" con la cotización retroactiva de los becarios
La comunidad científica se ha puesto en pie de guerra contra la normativa aprobada por el Gobierno para activar la regulación de la cotización retroactiva de los becarios de investigación. Las asociaciones del gremio exigen una rectificación inmediata y advierten de que el nuevo convenio especial supone "una carga económica inasumible para una gran parte de la comunidad científica" implicada, al considerarse cotizaciones a valores del 2024 para becas anteriores a 2006. También cargan contra la limitación temporal impuesta, ya que el período de regularización se limita a un máximo de cinco años trabajados, sin tener en cuenta casos de mayor duración.
La orden, incluida en la reforma de las pensiones y aprobada el pasado 30 de abril, fue anunciada a bombo y platillo por Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, que destacó el "enorme beneficio" que supondría para antiguos alumnos universitarios, científicos, de Formación Profesional y de enseñanzas artísticas superiores, profesionales o deportivas. Pues su gozo en un pozo tras la dura reacción de la comunidad científica.
Primero fue la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) -que agrupa a 88 sociedades científicas que representan a más de 40.000 científicos- la que reclamó al Gobierno que rectifique y "corrija las graves deficiencias" de la orden ministerial que permite recuperar periodos de prácticas y programas de formación investigadora para incluirlos en el cómputo de la jubilación. Y ayer se sumaron la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (Sebbm) y la Sociedad Española de Neurociencia (SENC), que en un duro comunicado han cargado contra la falta sensibilidad y colaboración del Ministerio que dirige Saiz, una situación que consideran "frustrante" no solo porque no se recojan las alegaciones presentadas, sino que incluso "se hayan empeorado aún más las condiciones del convenio".
Estas asociaciones denuncian que se sigue obligando a los ex becarios a pagar las cuotas de cotización para jubilación tanto de la empresa como la propia del trabajador y que para calcular la cuota a pagar "se ha cambiado la orden para considerar como base de cotización la vigente en 2024", en lugar de las bases correspondientes a cada año que se quiere recuperar, aumentando exponencialmente las cuotas a pagar. En términos monetarios, eso significa que un científico que cobraba una beca típica de unos 600 euros al mes en 2000 tendría que pagar 290 euros al mes, aproximadamente la mitad -el 48%- de los percibido entonces.
También recuerdan que la aportación social de un trabajador con un contrato laboral como cuota de cotización es el 4,7% del salario, diez veces menos de lo que se pide en este convenio especial. Por ello, entienden que "la imposición de esta cuota exagerada es también un agravio comparativo con las cuotas de cotización de prácticas no laborales en 2024, que están en torno a 64 euros al mes, de los cuales el estudiante abona menos de 11 euros solo si recibe remuneración. Además, sobre estas cantidades se bonifica el 95%, por lo que las empresas, y los becarios remunerados, pagan solo poco más de 3 euros al mes. Por tanto, las cuotas reales de esas prácticas son 90 veces menos que las que se obliga a pagar a los antiguos becarios de investigación", explican las asociaciones.
Para la Cosce, tampoco es "adecuado" reducir a cinco años el periodo regularizable porque hay investigadores que recibieron becas, sin cotización ni otros derechos laborables, durante periodos mucho más largos. En el caso de ANIH, Aseica, Sebbm y SENC, consideran que el Ministerio ha optado por "una política recaudatoria" que perjudica a personas que en su momento e involuntariamente ya se habían visto afectadas por no haber tenido derechos como las vacaciones, baja por enfermedad o maternidad/paternidad, entre otras. Además, insisten en que el Gobierno "sigue sin solucionar otros problemas clave, como el límite de cinco años recuperables o la falta de reconocimiento a efectos de acceso, promoción o carrera profesional en el empleo público".
Tras denunciar la falta de diálogo de la ministra Saiz, que "ha ignorado todas nuestras propuestas", reclaman que se rectifique la regulación del convenio especial incorporando las alegaciones que presentaron, especialmente la que tiene que ver con "cubrir solo la cuota de cotización que corresponde al trabajador", y que se legisle un "mecanismo de reconocimiento de todo el tiempo trabajado con becas de investigación anterior a la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia de 2011", sin el límite arbitrario de cinco años, y que, de manera análoga a como se ha hecho con otros colectivos, "no dependa de la suscripción de un convenio especial".
Para todas las asociaciones, este mecanismo debe reconocer dicho tiempo no sólo a efectos de la Seguridad Social, sino también de cara a otros aspectos esenciales de la carrera profesional, por ejemplo, en "términos de antigüedad o evaluación de méritos investigadores y docentes", así como en otros criterios de evaluación para personal funcionario, estatutario y laboral.
También reclaman que se abra un diálogo con las sociedades científicas y colegios profesionales que agrupan a personal investigador, así como con el colectivo de personas afectadas, para "escuchar las demandas y establecer normas que den soluciones eficaces". De momento, no han tenido respuesta.