Plan de choque del CGPJ para los juzgados de Cádiz y Huelva: restructuración, más refuerzos y cambios legales

El Informe del Servicio de Inspección propone que la Audiencia Nacional asuma las causas complejas de narcotráfico sin necesidad de que afecten a diversos territorios

La saturación por causas por narcotráfico y blanqueo de capitales de enorme complejidad es parte del día a día de los juzgados de Cádiz y Huelva. De ahí que el Servicio de Inspección haya propuesto una serie de medidas que hoy se han dado a conocer, tras la reunión dela Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en suelo gaditano. El informe propone un plan de choque con varias medidas que afectan a la manera como se estructuran los órganos judiciales, personal de refuerzo y cambios legales.

La sobrecarga y saturación de los juzgados es algo que ha constatado el informe del Servicio de Inspección, que puso el foco en los partidos judiciales más afectados por el narcotráfico: los de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y los de Ayamonte y Moguer, en Huelva.

Entre las líneas maestras que recoge el documento, que se ha dado a conocer en la Audiencia Provincial de Cádiz, está la unificación de los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque; la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en los partidos de Moguer y Sanlúcar de Barrameda; y la adopción de medidas de refuerzo extraordinarias en los órganos judiciales de Barbate y de los de La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer, de forma similar a la aprobada hoy, con la incorporación de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut para los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Barbate.

Se propone también crear una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, la número 9, con sede en Algeciras y especializada en el orden penal. Con esta medida se quiere hacer frente a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial encargada de enjuiciar los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, ya que la Inspección ha comprobado la elevada carga de trabajo que soporta la Sección 7ª, con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023. Y es que pese al elevado rendimiento de sus magistrados (116% en 2022 y 100% en 2023), no se logra absorber la entrada de asuntos, acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta.

El informe se muestra favorable a que en el corto plazo se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sea la Audiencia Nacional el órgano competente en asuntos de mayor complejidad y gravedad relacionados con delitos contra la salud pública sin que sea necesario que estos “produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias”.

Otro cambio legislativo que agilizarían la tramitación de estos procedimientos es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la supresión del recurso de reforma y la concentración de recursos en el momento de concluir la instrucción, salvo los que afecten a la situación personal de los investigados o pruebas preconstruidas. De este modo se limitaría la presentación reiterada de recursos para dilatar el procedimiento.

El Servicio de Inspección considera que la implantación de los tribunales de instancia evitaría la rotación excesiva jueces titulares y una distribución de trabajo más eficiente. En estos momentos, la mayoría de los juzgados cuentan con jueces de nuevo ingreso, cuya permanencia no suele superar los dos años.

Sobrecarga y complejidad de las causas

Según los datos recabados por el Servicio de Inspección, la carga de trabajo global, en la jurisdicción civil y penal, supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ, con la única excepción puntual de Barbate en 2023, donde fue del 96,4%. La carga media global ha sido de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023.

Además, el rendimiento general de estos Juzgados supera el indicador de dedicación en todos los partidos judiciales, siendo el rendimiento medio de un 174% en 2022 y de un 172,6% en 2023.

Por otra parte, la pendencia en todos los órganos es elevada, ya que en materia civil la pendencia media es de 945,5 asuntos -superior a la media nacional, que es de 765,4- y en materia penal es de 774,4, duplicando la media nacional de 374,2. También los tiempos de respuesta de los procedimientos penales son superiores a las medias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y nacional. Sin embargo, el documento indica que, vistas las cifras, esto no se puede atribuir a falta de dedicación.

Está más vinculado a la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales, que se deriva de las dificultades para su investigación y del elevado número de investigados y testigos. Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior (intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial, pruebas periciales contables, etc.).

El elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.

Para afrontar con celeridad estos procedimientos, concluye el Servicio de Inspección, se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales, pero también sería necesario un aumento de la coordinación de los titulares de los Juzgados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como poner solución a algunas de las deficiencias detectadas: necesidad de desplazamiento físico a Cádiz para realizar pruebas preconstituidas con menores (por falta de sala Gesell en algunos partidos judiciales), problemas para la designación de abogados de oficio, demoras en la emisión de informes psicosociales y del Instituto de Medicina Legal o de informes periciales sobre embarcaciones neumáticas dedicadas al narcotráfico y retrasos en el volcado de teléfonos móviles.

A ello se añaden medios materiales insuficientes: edificios antiguos y con dependencias inadecuadas, sistemas de gestión informáticos obsoletos, ausencia de impresoras, etc.