El Plan Antitabaco de Sanidad solo consigue el apoyo de cinco CC AA
El resto ha decidido "no emitir voto" porque cree que el procedimiento "no es el adecuado". Madrid pone en duda su legalidad y acusa al ministerio de "falta de rigor"
El Ministerio de Sanidad dará luz verde mañana al Plan Integral de Prevención y control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), sin el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas. Solo cinco (entre las que se encuentran Cataluña, Canarias y Navarra) se han adherido, mientras que el resto ha decidido "no emitir voto" porque cree que el procedimiento "no es el adecuado". Esta misma mañana la ministra, Mónica García, alegó que las dos últimas reuniones de la Comisión de Salud Pública (celebradas en las últimas dos semanas) se hicieron para buscar «consenso» y para que las CC AA pudieran hacer sus aportaciones.
Un consenso que no ha obtenido y unas aportaciones que las regiones se quejan de no haber tenido siquiera tiempo de valorar (se presentaron más de 200 de las que se han incluido 150). A sabiendas de que no iba a encontrar el apoyo deseado, el ministerio decidió "innovar" tanto en el procedimimiento para que los ejecutivos autonómicos apoyaran o no el PIT como en la forma de conseguir respuesta. Así, en la reunión de la Comisión de Salud Pública del pasado 3 de abril propuso la aprobación del documento por medio de "acuerdo de colaboración" al que los ejecutivos autonómicos se podían adherir (o no), especificando sus líneas rojas. La información llegó por correo electrónico esta mañana (por lo que el voto era "en diferido), causando sorpresa y malestar en la mayoría de las D.G de Salud Pública regionales. Un movimiento inesperado y sin precedentes, ya que Sanidad nunca antes había utilizado un procedimiento similar.
La tensión escaló aún más cuando el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, publicó en la red social ‘X’, que "esta semana quedará para decidir quién, una vez más, se sitúa en un lugar en el que los años mostrarán que no tenía sentido estar". En la misma publicación, aseguró que el Plan "va a seguir adelante aunque el PP no lo apoye".
Dudas sobre la legalidad
Pese a que el ministerio
culpa de la falta de acuerdo al signo político de las comunidades que se han
opuesto, estas esgrimen razones de peso para oponerse a la forma –y al fondo–
del PIT. Niegan que Sanidad haya buscado el consenso, sino tan solo esquivar la
forma de lograrlo para poder aprobarlo a
toda costa sin darles tiempo para reflexionar ni obtener respuesta a sus reclamaciones.
Así, la directora de
Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, ha remitido una carta
formal al ministerio en la que explica las
razones del «no» de la región a la que representa. "La aprobación debe ser por consenso y la
competencia de la Comisión de Salud Pública es esencialmente preparatoria de
los asuntos a tratar posteriormente en el Pleno del CISNS en materia de Salud
Pública, por lo que en esta sede (la de la Comisión) no se debería votar la adhesión o no a un
acuerdo de cooperación, que es lo que solicitan en su correo electrónico, al
exceder de las funciones atribuidas reglamentariamente a este órgano".
Del mismo modo, desde
Galicia han criticado que "se vote un acuerdo
de cooperación, que no figura, ni dentro de los procedimientos de
funcionamiento de la Comisión de Salud Pública, ni figuraba siquiera en el orden del día
de la reunión".
La representante de Salud Pública de Baleares, Elena Esteban, recordó ayer en esta línea que los acuerdos de la Comisión de Salud
Pública "deben tomarse por consenso, no por votación", y que "el documento
debería volver a la Comisión para lograr
el consenso que ha caracterizado siempre a este órgano".
El consejero de Salud, César Pascual, ha señalado que la actuación de Sanidad "no nos parece seria". "Creemos que si se hace un plan tiene que ser con todas las consecuencias y con el consenso de las comunidades y no deprisa y corriendo y modificando los documentos como se están modificando, permanentemente". La presidenta del Ejecutivo, María José Sáenz de Buruaga, por su parte, cree que el Plan no es el instrumento para establecer prohibiciones; y ha criticado que es fruto de una "imposición", en el que ha primado la "unilateralidad", según recoge Ep. Aún así, desde la región han asegurado que lo acatarán si el Ministerio de Sanidad lo aprueba porque no se va a "enfrentar" ni actuar "en rebeldía".
Cambios de última hora
Las quejas de «improvisación» no han impedido a Sanidad seguir haciendo cambios de última hora en el borrador del texto. Uno de los más relevantes es que, tal y como ha informado Ep, el documento ya no recoge la prohibición de fumar en espacios privados, despejando así la duda existente sobre si se podría vetar legalmente el tabaco en los coches. Por otro lado, también prohibirá los dispositivos de un solo uso relacionados con el tabaco, una medida que tampoco se contemplaba en el borrador anterior. El objetivo aquí, más allá de la salud pública, es reducir la huella ecológica, según esgrimen.