La adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar sumará una nueva denuncia
La Audiencia de Sevilla ha vuelto a impedir que la causa en la que se investiga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a las empresas Minorbis-Grupo México comience a ser historia. Ha ordenado que se reabra y que se tome declaración en calidad de investigados al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, dueños de la sociedad cordobesa Magtel, de la que Minorbis es filial. Pero, según Joaquín Merino, presidente de Emerita Resources, la entidad denunciante, podrían no estar encausados todos los que son y faltan pasos por dar.
Merino relata a LA RAZÓN que desembarcaron en Andalucía en 2012 para intentar desarrollar proyectos en la Faja Pirítica «con mucha ilusión», entre otras cosas porque él nació en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y se fijaron en la mina de Aznalcóllar sobre la que adquirieron información técnica que les llevó a confiar rápido en poder reactivarla. Sucedió que el Gobierno autonómico socialista de entonces decidió abrir un concurso público que permitiría hacerlo, pero éste acabó salpicado de presuntas irregularidades y en los tribunales. Merino asegura que comenzaron a «ver cosas raras ya en Londres en una convención minera que se celebró el diciembre anterior» a ese polémico concurso que les arrebató la posibilidad de reabrir el yacimiento. De acuerdo a su memoria, había en él un expositor de la Junta y les llamó la atención que por él pasaran tanto el «presidente de Magtel» como el ahora señalado «Vicente Fernández».
Ha transcurrido el tiempo y se han sucedido las resoluciones judiciales hasta llegar a la última de la Audiencia de Sevilla que ha insuflado oxígeno a Emerita en su contienda en los juzgados. El abogado de la entidad, Ramón Escudero, cree que el tribunal provincial les ha dado la razón en cuanto a que «puede haber más personas implicadas y más delitos, no sólo el de prevaricación». En relación a lo primero, recuerda que ellos mantienen desde hace tiempo que las actuaciones no deben dirigirse «sólo contra siete personas», ya que «puede haber más imputados como todos los miembros, y no algunos, de la Mesa de Contratación». Por lo que respecta al segundo punto, el letrado entiende que la Audiencia los ha «invitado» a «presentar otra denuncia nueva para no paralizar el proceso en curso centrada en otros posibles delitos que no descarta que haya como el de falsedad o el de cohecho. Lo vamos a hacer», adelantan a este periódico.
Desde Emerita celebran que el tribunal se haya ratificado en la existencia de «indicios racionales y contundentes de que hay delito» y de que haya ordenado que «se tome por fin declaración a los hermanos López Magdaleno y a Vicente Fernández». «La Audiencia ya ha hablado en tres ocasiones –tras dos intentos de archivo y una petición de nulidad de actuaciones–, así es que esperamos que la jueza Patricia Fernández –la instructora del caso– se entere de una vez de que se tiene que seguir investigando sobre, por ejemplo, si se ha premiado a funcionarios ascendiéndolos», apunta.
Avisan a navegantes: si la causa se vuelve a archivar, recurrirán otra vez porque, entre otras cuestiones, consideran que su proyecto «es mejor ambientalmente» que el que ganó pese a ser, a su juicio, «técnicamente imposible de ejecutar». Anotan que el «historial» de Grupo México incluye «varios desastres ambientales» y que en el caso de la mina de Aznalcóllar «el problema es el agua». «La que se saque de la corta minera no se puede echar al río porque llegaría al coto de Doñana. Hay que hacer un trasvase, depurarla y reutilizarla», se explican, para recalcar que el plan de los vencedores del concurso «es imposible de realizar desde el punto de vista del ciclo del agua». Prueba de ello, es que «la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir todavía no lo ha aprobado, aunque han solicitado incluso introducir una modificación». En ese punto lanzan una pregunta: «¿Cómo se gana un concurso minero con un proyecto imposible de realizar y que quieren cambiar?». Ellos no tienen la respuesta, pero Merino pide al actual Ejecutivo regional que mueva ficha y reconozca que «ha habido elementos malos dentro de su estructura». «No decimos que toda la Junta sea corrupta –suman–, pero sí que ha habido personas que podrían haber actuado delictivamente». A lo que engarzan que, más allá del plano judicial, cuatro años y medio más tarde, «es mentira que se hayan generado puestos de trabajo», a pesar de que el presidente de Emerita defiende que Aznalcóllar debería haber superado ya la fase de exploración para estar «en la de construcción de la mina, previa a la de producción». Lo achaca a una posible «falta de interés real» de la adjudicataria. «Nosotros nos dedicamos a la minería. Magtel a solares, farmacias... Y somos nosotros los que llevamos siete años intentando invertir en Andalucía y a los que no nos han dejado», remata Merino. Con todo, esperan que no se haya dicho la última palabra, mientras operan ya en otras zonas como Cantabria.