#MeToo: De justicia a inquisición
La piqueta de demolición reputacional cayó esta semana sobre Plácido Domingo. 9 mujeres, 8 cantantes y una bailarina, todas anónimas menos una, lo acusaron de intentar dormir con ellas. Lejos del abuso las denuncias públicas tenían más que ver con un acoso aproximado. Algo así como una mezcla de insistencia y torpeza. En realidad solo se mencionaron insinuaciones. A lo sumo, proposiciones verbales. Una de denunciantes afirmó que se acostó con él: «Me quedé sin excusas», dijo sin aparente voluntad irónica.
La mezzosoprano Patricia Wulf, la única de la que ha trascendido su identidad, la única que puede mostrarse de forma fehaciente como un ser humano y no como una sombra, un bot o un invento, explicó que «cada vez que me bajaba del escenario me estaba esperando. Se acercaba tanto como podía, ponía su cara frente a la mía, bajaba la voz y me decía Patricia, ¿te tienes que ir a casa esta noche?». ¿Trataba de ligar con ella? «Afectó a mi forma de tratar a los hombres durante el resto de mi carrera y de mi vida», añadió, al tiempo que en su perfil profesional de la red Linkedln resumía su biografía con un «he tenido la fortuna de cantar como solista junto alguno de los artistas más famosos del momento, como Plácido Domingo y Mirella Freni», comentario que posteriormente borró para que no quedara ni rastro. La Justicia actuará, si procede, pero a la vista del material anónimo, de los treinta años transcurridos y de que no está claro que la ley castigue como acoso la teórica insistencia lo más probable es que el nombre del tenor quede limpio judicialmente... y dañado a perpetuidad en la causa paralela del telediario.
Es allí, donde no hay pruebas que refutar ni testigos de la acusación confrontados a un careo, ni abogados defensores, jurado, jueces o leyes, donde el #MeToo ha logrado hacerse fuerte. El movimiento, que nació a raíz del escándalo desatado por el caso Harvey Weinstein, inyectado de una justificada furia redentora contra la evidente tradición abusiva del mundo del espectáculo, ha derivado en una conflagración de procesos mediáticos donde el supuesto verdugo, desprovisto de asideros o herramientas legales, acaba sometido a una ordalía pública que termina, sí o sí, con su completa e irreparable defenestración.
Quién dude haría bien en recordar el caso de Kevin Spacey. Su denunciante, en el único proceso legal que ha afrontado más allá de las decenas de acusaciones mediáticas y las investigaciones en curso, que siguen sin sustanciarse en nada, se negó a declarar ante el temor de incriminarse, retiró la demanda civil y, finalmente, la Fiscalía desactivó la vía penal. Esto es lo mismo que decir que ahora mismo no hay ni una sola causa en los tribunales contra el actor. O mejor, que la única que de momento ha desembocado en un proceso judicial terminó desinflada. ¿Importa? Pues según. Spacey fue expulsado de forma ignominiosa de la serie que él mismo hizo mito, «House of cards». También sufrió el oprobio de que Ridley Scott borrase su participación en «All the money in the world», reclutando a Christopher Plummer para que lo sustituyese. Tampoco hay noticias del Emmy de honor que le retiraron. Dicho en otras palabras, Spacey, sentencien lo que sentencien los jueces, está marcado. No se le conoce un trabajo, un papel, una oportunidad, desde que #MeToo le pasó por encima.
Condenas públicas
Por cada Weinstein acusado de violación, detenido, hay otros como Woody Allen, que vio como Amazon secuestraba su última película, «A rainy day in Manhattan», y rompía unilateralmente su contrato a la luz de una denuncia de 1992 desestimada en su momento por el juez. Una demanda tan inconsistente que después de seis meses de investigación por parte de los detectives, los servicios sociales y los especialistas en abusos sexuales contra menores de dos estados ni siquiera acabó delante de los tribunales: fue desactivada por falta de pruebas.
Mientras Natalie Portman y otras divas bajaban el pulgar para condenarlo públicamente, apenas un puñado de valientes: Javier Bardem, Diane Keaton, Alec Baldwin y Jude Law, salieron en su defensa. Woody, más lacónico, respondió en febrero con una demanda de 68 millones dólares. La compañía, reza su denuncia, «ha tratado de excusar su acción escudándose en una acusación sin fundamento de hace 25 años contra el señor Allen, pero esa afirmación ya era bien conocida por Amazon (y el público) antes de que la compañía firmara cuatro contratos con el señor Allen, y en cualquier caso, no proporciona una base para que Amazon rescinda el contrato... Simplemente, no había ningún fundamento legítimo para que Amazon renunciara a sus promesas».
Otro caso de descarrilamiento fue el de Morgan Freeman, cuya carrera ha quedado seriamente dañada después de que una periodista de CNN, Chole Melas, hiciera público que ella y otras 15 personas, 14 de las cuales eran anónimas, habían sido acosadas por el actor. Meses después el periodista Tomoo Terada, en un reportaje para la Red Ética de la Fundación de Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, escribió que «todo fue un fraude de una reportera racista de CNN».
Terada expone la inconsistencia de los testimonios aportados por una Melas que habría actuado como juez y parte, examina la supuesta validez de las fuentes anónimas y recuerda que la otra denunciante con nombre y apellidos, Tyra Martin, productora de televisión, «de inmediato se deslindó de la nota afirmando que sus declaraciones habían sido distorsionadas por CNN y nunca se había sentido acosada por Freeman».
Cómo estarán las cosas que Catherine Shoard, en el periódico «The Guardian», escribe sobre un algoritmo capaz de predecir las posibilidades de que un famoso sea boicoteado o peor. La herramienta ayudaría a las aseguradoras, que arriesgan grandes cantidades, a la hora de tasar las cantidades necesarias para asegurar a un artista o una producción. Janet Comenos, el cerebro detrás de la idea, cuenta con un equipo que rastrea internet en busca de los peores tuits escritos por miles de famosos. Después «los cotejan con noticias relativas a su vida, los tasan en función de 224 factores y generan una puntuación de riesgo sobre 100 para lo cerca que están de ser cancelados permanentemente». Según sus cálculos Spacey costaría «aproximadamente 8 millones de dólares» por película, mientras que Bill Cosby y Harvey Weinstein requerirían pagos de 10 millones.
Así siguen las cosas en el frente de guerra de la tutela judicial y los derechos civiles en EEUU. Con presuntos criminales como Weinstein igualados por abajo con inocentes probados como Morgan Freeman, Kevin Spacey o Woody Allen. Con las acusaciones de violación asimiladas en un pirotécnico revuelto con los reproches que merecería un comportamiento a veces soez, incluso insufrible, pero no delictivo. Y con las redes sociales, el público en general y no pocos políticos, actores y etc. subidos a un carro de fuego en el papel de inquisidores plenipotenciarios y verdugos de sus propios compañeros. Asumido ya por la mayoría que una de las grandes conquistas de la democracia liberal, la presunción de inocencia, merece graduaciones, recortes, rebajas, en pos de un bien que algunos estiman superior.