El bloqueo político congela los sueldos de funcionarios, parados y pensionistas
La falta de acuerdo político que permita la formación de un nuevo Gobierno puede provocar algo más que un bloqueo de las instituciones. Esta situación puede afectar directamente al bolsillo de casi 16 millones de españoles, ya que tanto el Ministerio de Trabajo como el de Función Pública no tendrían capacidad jurídica ni ejecutiva para actualizar los incrementos correspondientes a las pensiones y al sueldo de los funcionarios, por lo que arrancarán 2020 con las tablas salariales congeladas hasta la formación de un nuevo Ejecutivo y la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Esta paralización también se extendería a todos los subsidios y a la actualización del salario mínimo.
En concreto, este bloqueo parlamentario puede dejar en el aire la subida salarial para 2,5 millones de funcionarios públicos –estatales , autonómicos y municipales– y casi nueve millones de pensionistas. A ellos habría que sumar 3,1 millones de desempleados que cobran algún tipo de subsidio y los 1,3 millones de trabajadores que reciben el salario mínimo interprofesional. En total, casi 16 millones de afectados. Los funcionarios tendrían que recibir en 2020 un aumento del 2% fijo, que se elevaría otro 1% en función de la marcha del PIB –subiría ese 1% adicional si el incremento del PIB es del 2,5 % o superior; si es inferior a esa cifra, la parte variable baja proporcionalmente–. El acuerdo también contempla que, en el caso de cumplirse el objetivo de estabilidad presupuestaria –el déficit público– en 2020 se añadiría una subida adicional del 0,55%. En el caso de los funcionarios autonómicos y municipales, el acuerdo prevé que cada administración pueda destinar un 0,30% de su masa salarial para fondos adicionales.
Esta subida –ahora en el aire– forma parte del acuerdo trianual firmado con los sindicatos mayoritarios del sector público en 2018, cuando la Presidencia del Gobierno estaba en manos de Mariano Rajoy, y que incluía un alza salarial de hasta el 8,79% en términos acumulados en todo el periodo.
En el caso de los pensionistas, el Gobierno asume el pago de 9,7 millones de pensiones –aunque son 8,8 millones los beneficiarios, algunos de ellos cobran dos prestaciones, por jubilación y por viudedad–. En 2019 se ha aplicado una revalorización del 1,6%, pero la actualización de 2020 queda, de momento, en el aire. El Gobierno podría utilizar una triquiñuela parlamentaria para conseguirlo: registrar una proposición de ley en el Congreso para derogar el índice de revalorización automático que ahora limita el incremento al 0,25% por el déficit de la Seguridad Social, pero parece poco probable, máxime si el país se encamina a otras elecciones.
Respecto a los 1,3 millones de perceptores del salario mínimo, lo habitual es que el SMI se apruebe mediante un real decreto en Consejo de Ministros antes de que termine el año, para que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente. Sin embargo, la situación actual, con un Ejecutivo en funciones, lo impediría.
Respeto a los pagos a desempleados, la subida va implícita en el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), el índice que marca la cuantía de numerosos subsidios y ayudas, que este año el Gobierno ha marcado en un 2%. Si no hubiera acuerdo político, las prestaciones quedarían prorrogadas en las mismas condiciones. Este año, y anticipando la posibilidad de que no hubiera Presupuestos, el Gobierno decidió aprobar por decreto la subida de sueldos y prestaciones para que estuviera vigente desde el 1 de enero. Sin embargo, para el año que viene, la situación de Gobierno en funciones dificulta esta vía ya que, según recoge la ley, debe limitar su gestión «al despacho ordinario de los asuntos públicos sin adoptar otras medidas, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique». Por ello, si una repetición electoral alargara hasta enero esta situación de Gobierno en funciones, los incrementos salariales y de las prestaciones a funcionarios, pensionistas y parados se quedaría pendiente en el inicio de 2020, a la espera de contar con unos Presupuestos. Si estos finalmente se prorrogasen, cabría la posibilidad de que, con las modificaciones correspondientes, se encajara la subida y se barajara la posibilidad de abonar los atrasos correspondientes.