El Gobierno insiste: no se venderán coches de combustión a partir de 2040
El Gobierno no da su brazo a torcer y mantiene su pulso con los vehículos de combustión. En el nuevo borrador del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, insiste en su objetivo de terminar con la venta de vehículos contaminantes. Esta fue una de las cuestiones que más controversia suscitó en el primer plan. Y ahora, el anteproyecto mantiene el objetivo de un parque móvil sin emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2050 y para ello insiste en la prohibición de vender vehículos de combustión (diésel, gasolina, gas e híbridos) a partir de 2040. Además de “invita” a crear zonas de bajas de emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes y en los territorios insulares. A Canarias y Baleares se les añade la posibilidad de establecer “medidas adicionales” de protección ambiental y de promoción de una movilidad sin emisiones para alcanzar los objetivos.
Lo que no habrá será persecución inspectora contra las pequeñas gasolineras, que no tendrán que cumplir todavía con la nueva normativa climática. De momento, el Gobierno ha otorgado seis meses más de plazo, que suman ya 27, para instalar puntos de recarga eléctrica, aunque, una vez hecho, tendrán que ser de una potencia de 50 kw, por encima de los 22 Kw actuales. Además, a partir de ahora, las nuevas estaciones de servicio y los nuevos edificios -tanto viviendas como oficinas- tendrán la obligatoriedad de tener este tipo de instalaciones. Las gasolineras también deberán disponer de otros combustibles alternativos, además del biometano, como el hidrógeno, el gas renovable, entre otros, se incluye también al biogas, que había quedado fuera en el primer borrador.
El anteproyecto también modifica el volumen agregado de ventas de gasolina y de gasóleo que deberán tener los titulares de estaciones de servicio en la obligación de instalar las “electrolineras”, ya que antes el mínimo debía ser cinco millones de litros y ahora este límite se duplica, hasta los 10 millones de litros para que las estaciones instalen estos puntos en un plazo no superior a 21 meses tras la aprobación de la ley. En el caso de las más pequeñas, las que tienen un volumen de ventas de entre 5 y 10 millones de litros, también quedarán obligadas, aunque dispondrán de seis meses más, hasta 27 treintenas para poner en marcha estas infraestructuras.
El borrador, tiene otras novedades, como la eliminación del porcentaje mínimo de al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la lucha contra el cambio climático y lo sustituye por un porcentaje “a determinar” y que, igual que en el texto anterior, deberá ser revisado al alza en 2025. Para calcular ese porcentaje expone que este deberá ser equivalente al acordado en el marco financiero plurianual de la Unión Europea.
El nuevo plan obligará a las comunidades autónomas a informar a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio climático de los planes de energía y clima con los que cuenten a partir del 31 de diciembre de 2021. Estos planes también deberán realizarse con “fórmulas abiertas” para garantizar la participación pública.