El peso de la cruz en la 105
La cantidad que los contribuyentes españoles asignan a la Iglesia Católica en las más de diecinueve millones de declaraciones del IRPF que anualmente se presentan desciende por segundo año consecutivo. El inicio de la caída coincide con el año 2017, año en el que la Iglesia Católica mostró una connivencia muy extendida con el intento de golpe de Estado del secesionismo catalán guardando urnas del referéndum ilegal en las propias iglesias, permitiendo el recuento en mitad de celebraciones religiosas y exhibiendo símbolos independentistas en templos y recintos parroquiales. En concreto, desde la cantidad máxima de 266,9 millones de euros que los contribuyentes españoles asignaron a la Iglesia en 2016, la cifra bajó a 265 millones de euros en 2017 y a 256 millones en 2018. Sólo en los dos últimos años la Iglesia Católica ha dejado de recibir nueve millones de euros por este concepto, un 3,3% menos que el año anterior y una reducción del 4% acumulada desde 2016.
Aunque la última memoria anual publicada por la Agencia Tributaria corresponde al año 2016, es posible actualizar los datos hasta 2018 a través de los Informes mensuales de recaudación tributaria que están disponibles en su página web. Curiosamente los informes mensuales dan la misma cifra para los meses de febrero a noviembre de cada año tanto para 2017 como para 2018 (concretamente, 15 millones de euros) pero difieren en la que corresponde al mes de enero de cada año y en el mes de diciembre. Precisamente es en el informe mensual que corresponde a los meses de diciembre de estos años donde se publican las cifras acumuladas de enero a diciembre y que se corresponden con las cifras que hemos aportado.
La regulación actual de la asignación tributaria a la Iglesia católica es fruto de un acuerdo en 2006 entre el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la Santa Sede. Este acuerdo supuso pasar del 0,52 al actual 0,7 por ciento de la cuota íntegra del IRPF. A cambio, la Iglesia renunciaba a disfrutar de una exención en el IVA de la que hasta ese momento se beneficiaba. El primer año en el que la medida impactó en la aportación a través del IRPF fue 2009, tan es así que la cantidad que los contribuyentes asignaron al sostenimiento de la Iglesia pasó de 152,7 millones en 2008 a 247,9 millones de euros en 2009. Desde entonces la recaudación subió hasta que los efectos de la crisis hicieron estragos especialmente en 2012. Para ese año la cifra cayó a 159,1 millones para ir recuperándose conforme la crisis se iba dejando atrás hasta el punto de registrar un notable aumento del 8,3 por ciento entre 2015 y 2016.
La incapacidad de la Conferencia Episcopal Española de lograr la neutralidad política de buena parte de los lugares de culto no ha resultado indiferente para parte no pequeña de los contribuyentes católicos españoles, sabedores de que su aportación puede acabar en manos de sacerdotes secesionistas a través del Fondo Común Interdiocesano. De la asignación que la Iglesia recibe vía IRPF, más de 80 por ciento se reparte entre las 70 diócesis en las que se vertebra territorialmente la Iglesia en España.
Para los contribuyentes que han dejado de marcar la casilla 105 de la declaración de la renta, el abandono de la Iglesia a los cristianos catalanes no separatistas no le es indiferente. La última vuelta de tuerca ha sido el nombramiento por el Papa Francisco del sacerdote Joan Planellas Barnosell como nuevo arzobispo de Tarragona, párroco del pueblo de Jafre, quien tenía colocada la bandera estelada en la torre del campanario de la iglesia.
La Iglesia se ve por no pocos contribuyentes como una institución capaz de abandonar a los más vulnerables contra el más elemental mandato evangélico. Por ejemplo, en Mataró (Barcelona), familias de alumnos del colegio religioso de los Escolapios, consiguieron una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconociéndoles el derecho a recibir un 25 por ciento de la enseñanza en castellano.
Al final tuvieron que abandonar el colegio. La Católica orden fundada por San José de Calasanz había abandonado a los débiles para congraciarse con los dineros del concierto educativo. Los niños de la católica Escola Pía de Mataró llegaron a casa llorando después de ver el 12 de mayo de 2015 empapelado con carteles en contra de la reclamación de sus padres.
Los contribuyentes católicos asistimos desconcertados no a la presencia de religiosos secesionistas en el seno de la Iglesia sino a la incapacidad de la Conferencia Episcopal de lograr preservar los lugares de oración del adoctrinamiento político. El desconcierto es mayúsculo cuando el propio Santo Padre respalda esta situación con el nombramiento del nuevo obispo de Tarragona.
Hay quien piensa que el peso de la conciencia seguirá sobreponiéndose al abandono de los débiles y así la caída de esta fuente de ingresos no hará mella en las arcas de la Iglesia, pero también los hay convencidos de que el contribuyente católico tiene su conciencia perfectamente limpia cuando decide que la forma de contribuir al sostenimiento de la Iglesia es a través de su Parroquia y no marcando la casilla 105.
Sea como fuere, la asistencia a los más débiles (familias de escolares incluidas) es la única razón de indulto que muchos anticlericales tienen para no arremeter contra la Iglesia. Cada vez que los recursos disminuyen o las familias con niños en colegios religiosos han de abandonarlos, la indulgencia de los contrarios a la presencia social de la Iglesia disminuye. La carga de la cruz, la carga de no poner la cruz en la casilla 105 del IRPF cae sobre las espaldas de los débiles y sobre la conciencia de los que entregaron las iglesias para convertirlas en madrasas secesionistas.