Los retos sociales del futuro Gobierno
El Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones generales de este domingo, 28 de abril, tendrá que asumir varios retos en materia social cuya ejecución se ha quedado en el aire debido a la convocatoria anticipada de los comicios, como la reforma del Código Penal sobre los delitos sexuales, la ley contra la violencia hacia la infancia, la supresión de las concertinas o la reducción de la lista de espera de la Dependencia.
Así, el nuevo Gobierno deberá decidir si sigue adelante con la reforma del Código Penal para cambiar la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. La revisión de los delitos sexuales se puso encima de la mesa tras la polémica sentencia que condenó a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito de abuso sexual y les absolvió del de agresión, al no apreciar ni violencia ni intimidación en los hechos.
Esta decisión judicial fue muy cuestionada, también en la esfera política, hasta el punto de que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó la revisión de los delitos sexuales encomendando su análisis a un grupo de expertos, que continuaron trabajando una vez prosperó la moción de censura.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido suprimir el "abuso" para considerar todo "agresión", aunque finalmente no ha aprobado esta modificación y, ante la convocatoria electoral del 28 de abril, se ha quedado en el aire. El PSOE y Podemos incluyen en sus programas electorales esta propuesta, en aras de defender que 'no es no', y todo lo que no sea 'sí', es un 'no'.
En la lucha contra la violencia de género, el próximo Ejecutivo deberá dar cumplimiento a las 213 medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado por el Parlamento en 2017. Tal y como consta en este acuerdo, debe financiarse con 200 millones de euros anuales.
Asimismo, queda pendiente la aprobación de la Ley contra la violencia hacia la infancia. Aunque la proposición de ley fue aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre, la convocatoria de elecciones generales ha impedido que culmine su tramitación en el Parlamento. El texto incluía aumentar el plazo de la prescripción de los delitos de abuso sexual a menores hasta que la víctima cumpla 30 años.