Zaplana pide la nulidad de las actuaciones y alega que el hallazgo fue casual
La defensa del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha pedido la nulidad de las actuaciones realizadas en la denominada operación Erial, que supuso su detención y encarcelamiento.
El también exministro alega que el hallazgo de los documentos que presuntamente le imputan fue casual y que se enmarcan en otra investigación en curso, concretamente, las pesquisas de la causa Imelsa.
Ciertamente, el papel que la Guardia Civil ha bautizado como «hoja de ruta» en el que se describe el cobro de mordidas por las adjudicaciones del plan eólico, aparece en un registro que se lleva a cabo en el despacho del abogado del autodenominado «yonki del dinero», Marcos Benavent. La Guardia Civil, que vigila a Benavent, detecta cómo su hermano saca cajas con documentación de la casa que habita el «yonki», y los traslada al despacho de su abogado, por lo que decide, con la pertinente orden judicial, proceder a la entrada y registro del bufete.
Es en ese registro en el que aparece el papel «hoja de ruta» que según explicó más tarde Marcos Benevant, se lo había dado un conocido suyo de origen sirio que habitó la casa que antes fue de Zaplana y que casualmente lo encontró junto a la caja fuerte de dicho domicilio.
Zaplana alega que la entrada y registro en dicho bufete se autorizó en el marco de una operación que nada tiene que ver con Erial y que la Guardia Civil que hizo aquel registro debería haber informado inmediatamente del hallazgo.
Sin embargo, según se explica en el propio sumario, la Guardia Civil se llevó del despacho del abogado de Benavent mucha documentación en diversas cajas que hubo de ser analizada pormenorizadamente.
En el momento en que los agentes fueron conscientes de que el papel de marras hacía alusión a otra actuación susceptible de ser tipificado como delito, se lo comunicaron al juez que decidió, en lugar de abrir una pieza separada, mandar el caso a reparto para que fuera instruido por otro órgano judicial, habida cuenta de la escasa relación con la operación Imelsa.
La alegación de Zaplana asegura también que la investigación ha sido en buena parte prospectiva y que nos se ha basado en indicios ciertos sustanciados por los agentes.
La operación Erial llevada a cabo por la Guardia Civil y dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga delitos de blanqueo de capitales, soborno, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación y asociación ilícita, para el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas.