La CHG prevé clausurar en dos meses 77 pozos ilegales en el entorno de Doñana
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prevé cerrar en unos dos meses 77 pozos ilegales localizados en el término de Lucena del Puerto (Huelva), en el entorno de Doñana, donde se concentra más de la mitad de los expedientes sancionadores de toda la cuenca del Guadalquivir.
En una visita con los informadores a la zona donde están los pozos y también una balsa ilegal, el presidente de la CHG, Joaquín Paéz, explicó que la clausura y sellado de esos pozos dependerá de que el Ayuntamiento de Lucena no recurra la clausura subsidiaria que ejecutará la Confederación por importe de unos 65.000 euros, y que posteriormente cargará al ayuntamiento. En el caso de los 77 pozos ilegales localizados en unas veinticinco hectáreas de monte público de Lucena y cuyo expediente se remonta al año 2013, hay dos posibilidades: que el ayuntamiento cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y clausure los pozos o que lo haga de forma subsidiaria la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El presidente de la CHG confió en que el Ayuntamiento no recurra la sentencia que obliga a clausurar esos 77 pozos, aunque ha admitido que, si lo hace, el proceso se prolongaría. En 2014 el Consistorio recurrió la multa y la obligación de cierre de los 77 pozos y este proceso finalizó en 2017 con la sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía, que dio la razón a la CHG en la clausura pero rebajó la sanción, si bien el ayuntamiento todavía no la ha ejecutado por lo que la Confederación, con el apoyo de los trabajos de la Guardia Civil, ha iniciado los trámites para hacerlo de forma subsidiaria. Este caso es un ejemplo de lo que ocurre en el entorno del Parque Nacional de Doñana con los pozos ilegales de extracción aguas subterráneas del acuífero para regar los campos agrícolas, según Joaquín Páez, que expresó su preocupación y la del Ministerio de Transición Ecológica por la «extracción ilegal de agua en una de las zonas mas sensibles de Europa» desde el punto de vista ambiental. Aunque «no todos los agricultores roban agua, los que lo hacen perjudican a todos porque el agua es un bien público y ponen en jaque de los que se quieran dedicar en el futuro a la agricultura», por lo que apeló a la conciencia ciudadana y agrícola para «no matar la gallina de los huevos de oro que en esta zona es el agua y que en la cuenca del Guadalquivir es escasa». Estas prácticas conllevan sanciones que no son «testimoniales», aunque muchas vez –reconoció Paéz– es complicado saber el daño que se hace al dominio público-hidráulico porque hay tuberías que se esparcen en el territorio «que no somos capaces de delimitar y controlar y riegan fincas a muchos kilómetros de donde se encuentran». Las multas dependen de la cantidad de agua y del daño al dominio publico hidráulico: leve hasta 10.000 euros, menos grave hasta 50.000 euros, grave hasta 500.000 euro y muy grave hasta un millón de euros. En 2018 la Confederación del Guadalquivir realizó más de mil inspecciones y abrió 328 expedientes sancionadores en el entorno de Doñana de un total en la cuenca de 586, e impuso dos sanciones graves en dicha comarca onubense por importe de 500.000 euros.
Más control de los acuíferos
La CHG considera que con un mayor control de extracciones legales e ilegales de agua mejorará «más rápido» el acuífero de Doñana. El próximo 21 de febrero la junta de gobierno de la CHG declarará, por primera vez, que tres masas de agua del norte –Rocina, Almonte y Marismas– no alcanzan un buen estado cuantitativo. EQUO dice que se llega tarde y WWF que es una medida imprescindible.