El hermano del ex presidente de una empresa de la Junta logra una rebaja de fianza
Guarecerse en un recurso a veces tiene cierta recompensa. Humo que crea llama. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado parcialmente el interpuesto por Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del que fuera presidente de la empresa de la Junta Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo. En un auto de junio de 2017 dictado por el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que comanda Juan Gutiérrez Casillas, se acordó la apertura de juicio oral contra él y que se le requiriera, junto a todos los demás encausados, para que de forma solidaria prestara una fianza de 1.757.681,24 euros y asegurar así las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, en la pieza centrada en FIVA. Es uno de los átomos del «caso Invercaria».
El investigado movió ficha para intentar combatir la resolución del magistrado y reducir la cuantía a aportar hasta los 52.000 euros, que es el importe en el que cifra su participación o inversión en Innovaes Formas de Comunicación S L, una de las empresas que entró en el accionariado de la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía S L (FIVA). En un auto, fechado el pasado 28 de enero y al que tuvo acceso LA RAZÓN, el tribunal provincial defiende que la medida cautelar se determinó «de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico» y añade que la misma «resulta necesaria y obligada a la vista de las acusaciones formuladas –Mariano Pérez-Sauquillo irá a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios en concurso con los de prevaricación y de malversación de caudales públicos–». A juicio de los magistrados de la Audiencia resulta «prematuro e improcedente dilucidar en este momento si la sentencia que en definitiva pudiera recaer impondría o no una elevada cuantía de indemnización en concepto de responsabilidad civil, lo que no podrá determinarse sino tras la celebración» de la vista oral.
Cuestión diferente es si la fianza pudiera resultar desproporcionada. Un asunto que también aborda el tribunal en su auto para concluir que en algo sí, por lo que la reduce hasta los 400.000 euros, a los que deberán sumarse una tercera parte de dicha cantidad en aplicación del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que el global ha quedado fijado de manera definitiva en 533.333 euros.
Habrá quien no ponga un euro
El PP desveló que los ex directivos de Invercaria investigados por las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de la dicha sociedad de la Junta no tendrán que pagar de su bolsillo ni un euro de las fianzas que les imponga el juzgado. Ello se debe a la existencia de una póliza de seguros que tiene contratada la agencia IDEA, entidad de la que depende Invercaria.