Las ayudas a maltratadas cayeron mientras se disparaban las denuncias
En el primer mes del año, dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex. El año pasado asesinaron a 12 mujeres en Andalucía. La reacción de las instituciones ante estos asesinatos suele ser la misma: condenarlos e informar sobre si existían denuncias previas que hubieran permitido conocer el maltrato. En seis casos así fue: habían denunciado al menos una vez a su agresor. Una aclaración que solo sirve, en principio, para conocer si los servicios sociales fallaron en su tarea de protegerlas. Las otras ocho fallecidas no habían denunciado y no estaban incluidas, por tanto, en los programas de protección. Esto lleva a concluir que las afectadas son muchas más que las 35.400 que figuran en las denuncias de 2017 –la mitad las copan las provincias de Sevilla y Málaga–.
El Informe de Magnitudes en Materia de Violencia de Género, elaborado por la Junta y actualizado en enero, señalaba que en los nueve primeros meses de 2018 se habían registrado 26.000 denuncias más. Durante 2016 se adoptaron 8.245 medidas para proteger a quienes sí denunciaron, contando con protección policial siete mil mujeres. Pese a ese aumento exponencial de las denuncias y el mayor riesgo para las víctimas, las ayudas a mujeres maltratadas han sufrido un retroceso.
Son varias las medidas económicas de apoyo a víctimas de violencia machista. Por un lado, la Ley Integral contempla una aportación económica para quienes tengan dificultades especiales. Podrán cobrar una ayuda equivalente a seis meses del subsidio por desempleo, aunque las circunstancias personales pueden hacer que sea mayor en determinados casos. El X Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, publicado en diciembre sobre datos de 2016, detalla que un 11,7% de esas ayudas fueron por un período de dos años y el 36,7% tuvieron 18 meses de duración. En total, cincuenta mujeres las percibieron en Andalucía ese año, 4 menos que en 2015 y 18 menos que en 2016. En una década, 540 mujeres se han beneficiado de esta medida.
Para recibirla, deben tener rentas por debajo del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente y acreditar mediante informe oficial que tienen dificultades especiales para obtener un empleo.
Otro de los apoyos económicos se articula a través de la renta activa de inserción. Para optar a ella, deben haber agotado el paro y no tener otros ingresos. De las 8.744 beneficiarias, seiscientas tenían menos de veinte años (93 eran menores de edad), complicando aun más su situación. En los dos años previos, los pagos habían llegado a más de nueve mil mujeres. Su percepción las compromete, además, a participar en programas para su inserción laboral. Precisamente las bonificaciones a empresas para que contraten a mujeres maltratadas es otra de las vías para facilitar su cambio de vida. Su impacto, sin embargo, es mínimo, ya que solo 145 accedieron a un trabajo gracias a esta medida –21 con contratos indefinidos y 124, temporales–. Casi en su totalidad (95%), se trata de trabajos sin cualificación ligados al sector servicios, según detalla el mismo informe. Cinco mil mujeres realizaron algún tipo de formación pública buscando su inserción laboral.
Las ayudas para facilitar un cambio de domicilio también han disminuido. En 2016, un total de 693 mujeres pudieron mudarse para huir de su agresor gracias a ese apoyo económico, que en los dos años precedentes había superado las setecientas.
Del descenso del presupuesto destinado a combatir la violencia de género ya alertó el Observatorio de Violencia de Género de la Universidad Pablo de Olavide. En su informe «El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis» señalaba que «de 2011 a 2015, se ha producido un descenso del 21% de las partidas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género, mientras que la partida específica gestionada por las Comunidades Autónomas se ha reducido un 50%».