Un archivo «prematuro» con 29 ayudas sin investigar
La Junta de Andalucía ha recurrido el archivo de la causa matriz de los ERE, decretado el 12 de diciembre por la jueza María Núñez, como «perjudicada por los fondos públicos indiciariamente malversados», al verlo «prematuro» cuando «aún no se han incoado diligencias» para investigar una treintena de ayudas. En un recurso del 20 de diciembre, y tras haber recurrido también el archivo de la causa matriz contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y los ex directores de Trajano Javier Guerrero y Juan Márquez, la acusación particular que ejerce la Junta enumera hasta 29 entidades beneficiarias de las ayudas sociolabores y a empresas en crisis investigadas en el «caso ERE».
Entre ellas hay administraciones públicas como el Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), beneficiario de una subvención de 200.000 euros en 2003 cuando estaba gobernado por el PSOE –que fue anulada por el Gobierno andaluz al revisar las ayudas tras estallar el caso– o sindicatos como la Federación de Industrias y Afines de UGT Andalucía. También fundaciones como TAS Gitanos de Jerez o Fundación Internacional para la protección y difusión del arte y mancomunidades como la del Desarrollo y Fomento del Aljarafe.
Y empresas como Ebro Puleva, Autopistas Aumar o Construcciones y Urbanismo Sierra Norte, comarca sevillana que copó 34 millones de euros de los ERE vinculada a algunos de los ex altos cargos del Gobierno socialista andaluz juzgados, como Guerrero, por prevaricación y malversación al crear un «procedimiento específico» con el que durante una década se repartieron, presuntamente, 680 millones de forma arbitraria y sin control.
El archivo de la causa matriz de los ERE ha sido también recurrido por la Fiscalía Anticorrupción que considera que aún quedan ayudas y personas cuya investigación no se ha desgajado en las piezas separadas en las que Núñez dividió la macrocausa cuando asumió la instrucción.
La Junta considera que con este archivo se vulneran sus derechos como parte perjudicada y se provoca «impunidad» e «indefensión» para recuperar el dinero público presuntamente malversado.
El Gobierno andaluz no ejerció la acusación particular en la pieza política, la única juzgada hasta el momento, sobre el sistema y donde durante un año y hasta hace un mes han sido juzgados 21 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Los ex responsables de la Junta juzgados en ese proceso están siendo excluidos de las piezas separadas al considerar la instructora que no pueden ser juzgados dos veces.