Almeida, de sucesor interino de Aguirre a candidato de Casado para la capital
Sin haber renegado nunca de su 'aguirrismo', José Luis Martínez-Almeida ha sabido sortear los vaivenes del PP madrileño para dejar atrás su interinidad al frente del grupo municipal del PP, donde sucedió a Esperanza Aguirre, y convertirse en la apuesta de Pablo Casado para derrotar a Manuela Carmena.
Ser un desconocido para la mayoría del electorado, su mayor hándicap, no le ha impedido finalmente encabezar la lista del PP en una contienda adversa, en la que las encuestas hablan de una batalla entre Carmena y la edil de Ciudadanos Begoña Villacís, en la que el PP parte más como posible apoyo que como líder de la derecha o aspirante a la Alcaldía.
Madrileño de 43 años, locuaz, irónico, punzante y rápido en sus argumentaciones, Martínez-Almeida pasó de ser el 'número 3' de Aguirre a jefe de la oposición, un puesto al que llegó aupado por un grupo municipal dividido en dos -lo eligieron en lugar de a Íñigo Henríquez de Luna- y tras ser el candidato 'oficioso' de la entonces presidenta del PP y de la Comunidad, Cristina Cifuentes.
Pero, a pesar del beneplácito del "nuevo PP" de Cifuentes, este abogado del Estado nunca marcó distancia con el viejo PP de Aguirre, quien ahora apoya y acompaña públicamente el liderazgo de Pablo Casado, y tampoco se alejó de la expresidenta, que fue quien le introdujo en la política, primero entre bambalinas y después en su lista al Ayuntamiento.
Tras el adiós, en abril de 2017, de Aguirre, Martínez-Almeida dejó claro que la popular seguiría siendo "referente" y, en una entrevista con Efe, defendió que había sido una "magnífica candidata" y que aunque se hubiese equivocado eligiendo a Ignacio González no se le imputaba "ningún tipo de actuación irregular".
Dijo ser "más indeciso" que el presidente madrileño Ángel Garrido en las primarias de su partido pues, al contrario que éste -que se inclinó por Dolores de Cospedal-, no se decantó en primera ronda por ningún líder y sí lo hizo, a favor de Casado, un día antes del Congreso que alzó al dirigente madrileño como presidente del PP.
En el Palacio de Cibeles, con un tono bronco y burlón Martínez-Almeida ha hecho de 'cobaya' en estrategias como la de colocar banderas en los balcones ante la cercanía de la consulta del 1 de octubre en Cataluña, ha repartido constituciones y ha dividido al grupo del Gobierno en votaciones a cuenta de Venezuela o las acciones de la CUP.
Además, ha apostado por llevar a los tribunales las decisiones de Manuela Carmena (Ahora Madrid), denunciando la municipalización del servicio de bicicletas, donde el PP ve "sobrecoste", la puesta en cuestión del Open de Tenis por parte de Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato o la ordenanza de movilidad sostenible, con el objetivo de tumbar Madrid Central.
En los últimos meses ha hecho de la corrupción su caballo de batalla, acusando a Manuela Carmena de crear una red clientelar mediante subvenciones -la mayor parte concedidas en procesos con concurrencia- a ONG vinculadas en mayor o menor medida a Ahora Madrid y de llevárselo "crudo".
Además, en este año y medio, el concejal, hincha del Atlético, ha tratado de darse a conocer y no ha dudado en visitar la capital distrito a distrito subido a una 'Pepeneta' estilo hippy o grabar un videoblog.
Martínez-Almeida llegó al Consistorio madrileño en 2015 como 'número tres' de la lista electoral de Aguirre dejando su cargo de director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontifica de Comillas ICAI-ICADE, el edil fue parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad entre 2011 y 2013, tanto con Aguirre como con Ignacio González en la Presidencia, un cargo que dejó para ocupar el de secretario general del Consejo de Administración de SEPI Desarrollo Empresarial, asumiendo también la Dirección de Asesoría Jurídica.
También en la Comunidad de Madrid había sido director general de Patrimonio Histórico de 2007 a 2011, tras una larga trayectoria como abogado del Estado, que inició en Girona en 2001 y acabó en Madrid en el Tribunal Superior de Justicia, en concreto ante los Juzgados de lo Social y en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Efe