Autocrítica
Las posibilidades de que un delincuente, en México, sea condenado, son apenas de 0.3%.
La aseveración sería discutible si la hubiera emitido alguno de los críticos sistemáticos (“nuestros adversarios”, dizque) del Gobierno; se replicaría con la mano en la cintura, en alguna de las consabidas “mañaneras”, aduciendo que “otros datos” -más amables, por supuesto- la desmienten. Sin embargo, lo dijo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ayer, en su “encuentro” con los medios; ergo, cabrá suponer que el aserto es absolutamente veraz…
-II-
El tema está relacionado con una de las más legítimas demandas sociales, aquí y en China: la justicia. Un tema, como la seguridad, la salud y la educación, prioritario para todos los habitantes de un país.
La declaración de la funcionaria -considerada “el brazo derecho del Presidente López Obrador”- redondeó las cifras relacionadas, primero, con los delitos que se cometen en México; segundo, con los que se denuncian; tercero, con los que se judicializan; y cuarto, con los que se resuelven mediante sentencias absolutorias o condenatorias. En el primer capítulo, apuntó que en México se cometen más de tres millones de delitos (entre ellos, alrededor de 30 mil homicidios) anualmente: más de ocho mil diarios. En el segundo, según cifras de la organización no gubernamental “México Evalúa”, el 93% de dichos delitos no se denuncian; el 34% de los ciudadanos se abstiene de hacerlo porque estima que representa una pérdida de tiempo; 16% expresa abiertamente su desconfianza hacia la autoridad; 10% no denuncia por no tener pruebas. La misma ONG señaló que, a falta de criterios técnicos, profesionales y transparentes, se infiere que los pocos delitos que se investigan y resuelven, obedecen a privilegios emparentados con la corrupción -el cáncer social que la actual administración asegura haber erradicado- o a presión mediática.
-III-
En un informe del año pasado, denominado “La corrupción que mata”, la organización Open Society Justice apuntaba que en los delitos atribuidos al crimen organizado, cabe la sospecha de que la colusión o el encubrimiento entre las autoridades y los delincuentes, acentúa las limitaciones del sistema para realizar una eficaz investigación y persecución policíaca, y lograr, a la postre, la deseable resolución judicial. “Las continuas debilidades en el sistema de justicia penal de México, así como la influencia corruptora del crimen organizado -apunta el informe-, reafirman la necesidad urgente de un organismo que pueda investigar de manera competente”.
(Subrayémoslo: “Necesidad urgente… O sea, para ayer).