Los secesionistas catalanes no prevén elecciones para poner fin a la crisis - El Nuevo Diario
Los gobernantes independentistas de Cataluña no contemplan convocar elecciones, como le pide la oposición, antes de que el Ejecutivo español tome la próxima semana el control de las competencias de autogobierno de esa región para restaurar el orden constitucional.
Para frenar el desafío secesionista de las autoridades catalanas, el Ejecutivo español propuso ayer el cese del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y de todo su equipo y la convocatoria de elecciones antes de seis meses, entre otras medidas que autorizará el Senado el viernes 27 al amparo del artículo 155 de la Constitución.
En declaraciones a la BBC, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, defendió hoy que el Gobierno sigue "estrictamente las cláusulas de la Constitución", frente a unas autoridades catalanas que han estado "ignorando las leyes" al iniciar un proceso unilateral separatista.
Por su parte, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, afirmó que "no está sobre la mesa" en estos momentos que el presidente catalán convoque elecciones autonómicas anticipadas, como le reclaman los opositores conservadores, socialistas y liberales, que apoyan las medidas anunciadas ayer por el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.
Esa convocatoria de elecciones podría evitar la aplicación de las medidas acordadas ayer por el Ejecutivo español, siempre que el pleno del Senado no llegue a ratificarlas el día 27, como está previsto.
En respuesta a esas medidas, Puigdemont anunció ayer que pedirá a la cámara legislativa catalana que celebre un pleno para decidir sobre el "intento de liquidar" el autogobierno de Cataluña por parte del Ejecutivo español.
Según apuntó hoy Turull, el pleno Parlamento catalán adoptará una decisión respetuosa con el resultado del referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre -declarado inconstitucional- y en defensa de las instituciones catalanas.
De acuerdo con datos del Gobierno catalán no respaldados por órganos electorales nacionales, el 90 % de los votantes de esa consulta, celebrada ilegalmente y sin garantías, respaldaron la independencia de Cataluña para ser una república.
La Junta de Portavoces del Parlamento regional fijará mañana la fecha de ese pleno, en el que podría decidirse una declaración unilateral de independencia promovida por los partidos separatistas catalanes.
Ese pleno podría convocarse para el 27 de octubre, el mismo día en el que el Senado español votará la propuesta de medidas del Consejo de Ministros para frenar el proceso secesionista catalán, según fuentes parlamentarias.
"Cataluña será lo que decida el Parlamento, el representante legítimo de los ciudadanos (catalanes), no lo que decidan otros", enfatizó Turull, quien acusó al Ejecutivo español de "un golpe de Estado a instituciones democráticamente escogidas".
El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, consideró sin embargo que "un golpe de Estado es lo que han hecho el señor (Carles) Puigdemont y su Gobierno. Lo que nosotros (el Gobierno español) estamos haciendo es seguir estrictamente las cláusulas de nuestra Constitución".
En Madrid, el líder del opositor Partido Socialista, Pedro Sánchez, que ha apoyado las medidas del Gobierno, aseguró que el problema de Cataluña son "sus malos gobernantes", pues su forma de hacer política es "la confrontación territorial" y "la ilegalidad".
Argumentó que todas las constituciones europeas tienen cláusulas para hacer frente a estos "embates unilaterales de intentar quebrar la unidad territorial".
En nombre de los liberales de Ciudadanos, que también respaldan al Ejecutivo, el diputado catalán Carlos Carrizosa defendió la convocatoria de elecciones autonómicas, denunció que la mayoría independentista ha "secuestrado el Parlamento regional y pidió que no sea utilizado como un "teatro" para el "paripé de decir que se declara la independencia".
El Senado, donde el gobernante PP (conservador) tiene mayoría absoluta, iniciará mañana la tramitación de la propuesta de medidas que le ha enviado el Ejecutivo para restaurar la legalidad en Cataluña, a las que el presidente catalán podrá presentar alegaciones.
El artículo 155 de la Constitución española establece que, si una autoridad autonómica incumple las leyes sistemáticamente, el Gobierno nacional aprobará medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta.