Congreso de Morelos inicia proceso de juicio político contra Graco Ramírez y exfuncionarios

Diputados del Congreso de Morelos anunciaron este lunes el inicio del proceso de juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez y dos de sus exsecretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.

Los tres son señalados por la omisión y la retención de recursos a la Fiscalía General del Estado y a los órganos electorales locales.

“Para el grupo parlamentario de Morena resulta de primordial interés cumplir con uno de los principales compromisos que hicimos con la ciudadanía, de no dar tregua en el combate a la corrupción ni a la impunidad. Por eso en esta legislatura daremos especial seguimiento en la solicitud de juicio político en contra de exfuncionarios de la anterior administración estatal, y que están relacionados al posible desvío de recursos”, señaló la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza.

Las denuncias las presentó la consejería jurídica del Gobierno del Estado, a cargo de Samuel Sotelo Salgado, el 27 de septiembre, porque durante la gestión de Graco, se retuvieron alrededor de 200 millones de pesos correspondientes al ejercicio presupuestal 2018 a la FGE y, los cuales, obtuvo supuestamente de la desaparición de dos fideicomisos, como el de Turismo (FITUR) y el Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Durante la rueda de prensa que brindaron 13 legisladores morelenses, se expuso que estas supuestas acciones del Gobierno de Graco Ramírez pudieron derivar en consecuencias graves para la población del estado y “tuvo una clara intención de causar crisis para la democracia al debilitar, en pleno año electoral, al Impepac quien vigilaría las elecciones”, expresaron.

Alejandra Flores, diputada de Morena, explicó que el primer juicio en contra de estos exservidores es por la omisión de su responsabilidad de transferir, ministrar y entregar en tiempo y forma el recurso presupuestado y autorizado por el Congreso del Estado al 30 de septiembre de 2018, situación que, a criterio del solicitante, afectó gravemente las funciones de la fiscalía, principalmente en la investigación, prevención del delito del orden común, asesoría legal, así como la opción de garantizar el debido proceso, muchas de ellas funciones vinculadas con la implementación de justicia.

En el caso de la segunda denuncia, se presentó en contra de los mismos exfuncionarios acusados. Ahí se consideró que el gobierno de Graco violentó la constitución al no entregar el presupuesto designado por el Legislativo, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para que de manera óptima pudiera organizar los comicios estatales y resolver jurídicamente las controversias que se suscitaran.

Al Impepac supuestamente no le dotó de más de 2 millones de pesos a lo que, a decir de las autoridades, puso en riesgo la realización de los comicios de 2018, en los que su hijastro, Rodrigo Gayosso Cepeda, se había postulado a la gubernatura del Estado.

Incluso, la consejera presidenta denunció en ese año que la entonces administración morelense había retenido una mayor cantidad lo que provocó presión económica al personal del Instituto, por lo que varios partidos políticos se pronunciaron días antes de la elección para que el gobernador liberara el dinero a este órgano electoral, para garantizar el ejercicio pleno de la participación ciudadana.

En octubre de 2018, Francisco Hurtado, quien fungió como magistrado del Tribunal Estatal Electoral (TEE), reveló que recibió supuestas presiones del mandatario morelense a través de la retención del presupuesto con la finalidad de favorecer a Gayosso Cepeda, además de que informó que el exmandatario pretendía que se fraguara una elección de estado.

Flores Espinoza informó que una vez aprobado por el Pleno, el cual se discutirá en la Junta Política y de Gobierno esta semana, el exgobernador quedaría inhabilitado de ocupar cualquier cargo público.

Actualmente, la administración de Graco Ramírez enfrenta alrededor de 60 denuncias en contra, de las cuales, una decena señalan directamente al exmandatario y el resto a sus exsecretarios de despacho, algunos de ellos cercanos a Rodrigo Gayosso Cepeda, así como a su esposa Elena Cepeda de León.

La mayoría de las denuncias se iniciaron por la triangulación, sobrecosto de precios, y entregar supuestamente contratos por adjudicación directa a familiares y amigos, en obras magnas que se edificaron en su gobierno como la nueva sede Legislativa; el Museo 'Juan Soriano'; la celebración de conciertos incluso con artistas internacionales como el cantante británico Sting; la cancelación del proyecto del Morebús; el desvío de recursos de las diferentes secretarías y de la reconstrucción, así como la desaparición de los recursos recaudados del FITUR y del Fidecomp, entre otras.