El Tribunal Superior ordena identificar al “máximo responsable” de la Fiscalía que ordenó desmentir un bulo de Miguel Ángel Rodríguez
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) impulsa la causa abierta tras la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por emitir un comunicado para desmentir informaciones falsas sobre la investigación por doble delito fiscal contra él.
En un auto fechado el 14 de mayo, el juez Francisco José Goyena acuerda una batería de diligencias y ordena a la Fiscalía que identifique tanto a las personas “concretas” que redactaron ese comunicado, como a quienes “intervinieron en la decisión” de hacerlo público, incluido el “máximo responsable (en rango)” de la carrera fiscal que dio el visto bueno a su publicación.
En la resolución, el juez también pide tener acceso a todas las comunicaciones mantenidas entre el Ministerio Fiscal y el abogado de González Amador en el marco del pacto propuesto por este último “antes y después” de hacerse público el comunicado por parte de la Fiscalía de Madrid. Y reclama conocer también qué personas —miembros o no del Ministerio Fiscal— han tenido acceso a esos intercambios de correos electrónicos.
Asimismo, exige a una decena de medios —entre ellos, elDiario.es— que identifiquen a los autores de informaciones periodísticas relacionadas con el pacto que González Amador ofreció a la Fiscalía. Por otro lado, cita a las partes personadas como acusación particular —el propio González Amador— y popular —el Colegio de la Abogacía de Madrid— para que el próximo 24 de mayo ratifiquen sus querellas.
Por otro lado, aunque no forma parte de esta investigación, el juez pide a la Fiscalía que detalle qué “actuaciones” ha desarrollado como responsable del tratamiento de los datos personales de González Amador ante la “violación de seguridad” que entrañó la “distribución pública” tanto de que querella presentada contra el como el informe de la Agencia Tributaria que determinó que había cometido dos delitos fiscales.
El TSJM admitió a trámite el pasado 7 de mayo la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto. Los jueces consideraron que debía “indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información y en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionales” de González Amador.
La pareja de Ayuso acusa a ambos fiscales de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció ante la Fiscalía que había cometido dos delitos fiscales. Pero ese comunicado se publicó después de que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, filtrara a varios medios de comunicación una información falsa que fue publicada por varios de ellos: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para después frenarlo por órdenes de algún superior.
La Fiscalía Provincial de Madrid reaccionó con un comunicado en el que desmentía esa información y afirmaba que había sido el abogado de la pareja de Ayuso quien había comunicado por email al fiscal del caso que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. En una comunicación del 2 de febrero de 2024, cuando nadie más que él y Hacienda sabían de su fraude fiscal, González Amador ofreció a la Fiscalía un pacto en el que no solo confesaba dos delitos contra la Hacienda Pública, también proponía una condena: ocho meses de cárcel, siempre que no implicase su entrada en prisión, y el pago de más de medio millón de euros (los 350.000 que había dejado de abonar en dos ejercicios del impuesto de sociedades, casi 25.000 en intereses y una multa de 140.000 euros).
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar investigaciones como la de la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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