El Congreso retoma la acción legislativa con la agenda social del Gobierno y los ejes de la derecha: Venezuela y Catalunya

Después de diez meses de parón primero por el adelanto de las elecciones al 28A y, después, por el bloqueo político que forzó a repetir las generales el 10N, la formación a principios de enero del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos permitirá esta semana al Congreso de los Diputados retomar la actividad legislativa. Tras la solemne sesión de apertura de la XVI Legislatura de este lunes presidida por el rey, el martes se celebrará un primer pleno extraordinario en el que el Ejecutivo pretende convalidar tres de sus primeros decretos, el de la revalorización de las pensiones, el de la subida del sueldo de los funcionarios y el que contempla algunas de las primeras medidas fiscales.

La agenda social del Gobierno progresista marcará la actividad legislativa de los próximos cuatro años, que este año se verá afectada, además, por las elecciones en Catalunya –cuyo adelanto fue anunciado el miércoles por el president de la Generalitat, Quim Torra, inhabilitado como diputado en el Parlament por el Tribunal Supremo por desobediencia–, en Galicia y el País Vasco o las recientes protestas de los agricultores.

Durante la XIV Legislatura, la coalición de los partidos de Pedro Sánchez y  Pablo Iglesias tratará de blindar derechos, derogar leyes heredadas de los gobiernos del PP –como la 'ley mordaza' o parte de la reforma laboral–, elevar las cargas fiscales de las rentas más altas o aprobar una nueva ley educativa o una normativa sobre la eutanasia, además de otras cuestiones que encallaron en el Parlamento con la finalización fulminante de la anterior legislatura.

Al igual que en la sesión de investidura de Pedro Sánchez del pasado 7 de enero, que requirió del apoyo o la abstención de fuerzas nacionalistas e independentistas, PSOE y Unidas Podemos necesitarán el respaldo de otros grupos para sacar adelante el plan que trazaron en su acuerdo de coalición. Ese pacto eminentemente social pretende, además de las medidas ya mencionadas, utilizar la actividad legislativa que se retoma esta semana para eliminar progresivamente los copagos en Sanidad introducidos en 2012 o ir introduciendo en el Sistema Nacional de Salud la atención bucodental. La izquierda también ha prometido reducir las listas de espera para la Dependencia "al menos" un 75%.

El Gobierno quiere que la legislatura verse también sobre la lucha contra el cambio climático, con la idea de aprobar una Ley del Cambio Climático y Transición Energética, y que se centre además en las "políticas feministas" para garantizar la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres, reforzar la lucha contra la violencia machista, actuar contra la trata con fines de explotación sexual o blindar los derechos sexuales y reproductivos. Además, la coalición de izquierdas quiere buscar un "pacto social y político por la racionalización de los horarios", entre otras medidas. 

Los planes de la oposición

La oposición, por su parte, representada principalmente por las derechas de PP, Vox y Ciudadanos, ha situado como ejes estratégicos de su plan de demolición del Ejecutivo progresista –al que no pretenden dar tregua durante los próximos cuatro años con acciones en los tribunales e incluso con movilizaciones en las calles– la crisis abierta en Catalunya, así como algunos de sus mantras habituales como la situación política de Venezuela, la seguridad o el terrorismo de ETA, banda desaparecida en 2018.

La primera Proposición de Ley registrada por el PP nada más constituirse las nuevas Cortes mirando a Catalunya fue la que pidió recuperar un tipo penal que desapareció durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: el que prohibía la convocatoria de referéndums ilegales y que castigaba con penas de prisión e inhabilitación "a quienes convoquen, autoricen, promuevan o faciliten consultas sin cobertura legal". Los populares buscan mantener la estrategia de judicialización del conflicto catalán frente a los intentos de desjudicializarlo del Ejecutivo.

Venezuela seguirá siendo, además, uno de los grandes ejes de la acción parlamentaria del PP, que se enfrenta al reto marcado por su líder, Pablo Casado, de "reunificar" a la derecha en torno a la formación conservadora en plena división en tres por el auge de Vox y Ciudadanos.

Ya en enero, los de Casado registraron la petición de comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso "por la situación en Venezuela" y conocer "si respalda a Juan Guaidó después de su reciente elección como Jefe del Parlamento", así como la exigencia a la Mesa de la Cámara Baja para que reclame al Tribunal de Cuentas "un informe de fiscalización sobre la financiación extranjera de Podemos para detectar posibles irregularidades".

El PP siempre ha tratado de vincular a Unidas Podemos, una de las dos patas del Gobierno, con la "dictadura" venezolana. Esa relación que los populares consideran que quedó en evidencia el pasado fin de semana por el hecho de que Sánchez no recibiera al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y delegara ese encuentro en la ministra de Asuntos Exteriores. Los populares tienen previsto explotar ese supuesto vinculo toda la legislatura.

Más de un millar de preguntas aún sin responder

A raíz del encuentro secreto mantenido por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, el pasado día 20 en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, la iniciativa de los populares sobre Venezuela –otro de los grandes ejes de la legislatura citados por la dirección del PP que permite la unión de todo el partido frente a otros asuntos como el 'pin parental' que les dividen– no ha hecho más que ampliarse. 

Además de llevar el caso ante la Fiscalía a rebufo de Vox –con la que los de Casado pugnan por el electorado más de derechas–, primera fuerza que anunció esa denuncia ante el Ministerio Público, el lunes el PP exigía junto a Ciudadanos la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para conocer cómo abordó el Ejecutivo uno de sus primeros conflictos de la legislatura. Esta iniciativa se suma a las peticiones de comparecencia de Ábalos, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por esta misma polémica.

El PP ha registrado ya, además, más de un millar de preguntas al Gobierno que aún no han empezado a ser respondidas. Entre ellas destacan las 375 planteadas sobre RTVE y su independencia, además de las referidas a la relación entre el Ejecutivo y el president de la Generalitat catalana, Quim Torra, o las que tratan de despejar dudas sobre la supuesta responsabilidad del PSOE y del Gobierno en el caso de los falsos ERE de Andalucía, por el que han sido condenados los expresidentes socialistas –ambos fuera del PSOE– Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Vox, tercera fuerza del Congreso, también busca que en la nueva legislatura Venezuela tenga un papel importante en el Parlamento, al considerar que se trata de un asunto que "divide" a los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. La extrema derecha ha presentando en el Congreso varias iniciativas parlamentarias sobre este asunto.

Asimismo, Vox ha puesto en su punto de mira a los grupos "independentistas" catalanes a los que no quiere dar tregua los próximos años. A mediados de este mes el partido de Santiago Abascal registraba una Proposición no de ley para ilegalizar a aquellas formaciones políticas que "atentan a diario contra la unidad de España y los fundamentos de la Constitución". Entre ellas estarían ERC, EH Bildu y JxCat pero no el PNV, al que de momento excluyen de esa quema.

Contra el "feminismo totalitario"

La violencia de género, que Vox sigue negando, será otro de los focos de interés del grupo parlamentario. Carla Toscano, diputada por Madrid, registró la semana pasada varias preguntas al Gobierno para saber "por qué no se publican los datos de crímenes a menores cometidos por mujeres". "¿Por qué el Ministerio sólo registra los asesinatos cometidos por hombres? El feminismo totalitario nos oculta información para seguir demonizando a la mitad de la población", escribió la diputada en su perfil de Twitter.

La considerada "familia tradicional" –la formada por una pareja heterosexual con hijos– será otra de las grandes preocupaciones de Vox esta legislatura. A través de una Proposición no de ley la extrema derecha ya ha propuesto una ayuda de 100 euros al mes por hijo para fomentar la natalidad, así como aumentar en 600 euros el Cheque para familias numerosas. Todo ello, dentro de un Pacto de Estado por la Familia y la Infancia que quiere impulsar en el Congreso.

Catalunya y Venezuela también son, por el momento, los grandes ejes de Ciudadanos para la legislatura. El 20 de diciembre la portavoz del grupo Inés Arrimadas, y su segundo, Edmundo Bal, registraron en el Congreso una proposición de ley que ya habían registrado en anteriores legislaturas para la modificación de la LOREG para que los prófugos de la Justicia no puedan ser candidatos en unas elecciones –con la vista puesta en los casos de Carles Puigdemont y el resto de políticos independentistas que viven fuera de España– y evitar "la impunidad de los huidos de la Justicia".

El 23 de diciembre pidieron –junto con el PP– la comparecencia de Sánchez para que explicara los criterios de las alegaciones de la Abogacía del Estado a la sentencia de Tribunal de Justicia de la UE sobre Oriol Junqueras. Ambos grupos justificaron su petición después de que ERC "exigiera un gesto" para pactar la investidura con el líder del PSOE y que ésta saliera adelante.

Durante todo este mes de enero el grupo de Arrimadas ha estado sumamente activo con respecto a los acontecimientos que han afectado a Venezuela. El grupo registró, otra vez más con el PP, la petición de comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez así como distintas iniciativas a raíz del encuentro de Ábalos y Delcy Rodríguez. 

Un Congreso sin mayorías claras

Con la vista puesta en los asesinatos de ETA, otro de los ejes de la acción de oposición de Ciudadanos en la nueva legislatura, el 17 de enero el portavoz adjunto Edmundo Bal y la eurodiputada Maite Pagazartundúa presentaron en la Cámara Baja una Proposición de ley para reformar la directiva europea sobre penas de terrorismo con el fin de que los condenados por estos delitos fueran inhabilitados para ocupar empleos públicos.

El independentismo ha optado, en cambio, por priorizar las iniciativas relacionadas con el conflicto político que vive Catalunya y por exigir cuentas al Gobierno por la "represión" que dicen padecer por parte del Estado. Y el PNV, más pragmático, ha presentado propuestas para controlar a los gobiernos cuando estén en funciones o para derogar la 'ley mordaza'.

Todo ello se abordará a partir de esta semana en un Congreso sin mayorías claras que dificultará la actividad legislativa. El Parlamento deberá ejercer también el control sobre un Gobierno de coalición inédito desde la restauración de la democracia y cuya cohesión interna determinará la durabilidad de la legislatura.