ANSES: por este motivo no atenderán a los jubilados el miércoles 27 de marzo
Los cuatro sindicatos del organismo previsional convocaron a una nueva jornada de protesta en la que las dependencias permanecerán cerradas.
Como respuesta al recorte de personal dispuesto por el Gobierno nacional, los gremios de ANSES decidieron extender las protestas y convocar a un nuevo paro en todas sus dependencias para este miércoles 27 de marzo, en el que no habrá atención al público.
La medida fue fuerza fue resuelta por representantes de ATE, UPCN, SECASFPI y APOPS tras celebrarse distintas asambleas de trabajadores y trabajadoras en varias dependencias.
La atención al público en las oficinas de ANSES ya se vio afectada este martes 26, cuando desde la Asociación de Trabajadores del Estado llamaron a un paro de actividades en rechazo a la oferta del 8% que el Gobierno Nacional realizó en las negociaciones paritarias con el sector.
"Esta propuesta del Gobierno es inaceptable y empuja a la pobreza a decenas de miles de estatales. Ratificamos todas las medidas de fuerza que están en curso, seguimos demandando la reincorporación de todas las trabajadoras y todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de marzo", señaló al respecto el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
La jornada de lucha de este miércoles estará enfocada en reclamar el cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023.
Con la posibilidad que se recorte hasta un 15% del staff -acorde al porcentaje que manejaban los gremios para los organismos descentralizados en la administración pública nacional-, la poda aún podría sumar hasta 600 contratos más.
"Seguimos sintiendo un gran atentado contra el Estado en función de los despidos masivos que sabemos que van a recibir los trabajadores y las trabajadoras al 31 de marzo, y porque persisten las declaraciones orientadas a la privatización de espacios públicos y a la destrucción del Estado en general", manifestó por su parte la Secretaria Adjunta Mercedes Cabezas.
La lista de oficinas de ANSES que pueden cerrar por los despidos
Ninguna de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires pudieron esquivar el despido de trabajadores y trabajadoras de las sedes de ANSES que operan en sus distritos. Tres de ellas concentraron el grueso del recorte: Provincias de Buenos Aires, CABA y Jujuy.
En algunos lugares se cerró la única oficina de ANSES operativa lo que, en la práctica, implicaba el escritorio al cual cualquier persona jubilada o con intenciones de hacerlo podía acercarse a tramitar su ingreso o cualquier situación referente al sistema previsional.
Acorde al relevamiento no oficial que circuló entre los trabajadores, el total de las oficinas de ANSES que se ven afectadas por el despido de su personal asciende a unas cincuenta sedes. Los perjudicados, de forma indirecta, serían las y los vecinos de esos lugares que verían afectada la capacidad de atención.
La lista incluyen las oficinas de Virrey del Pino, Catan, Ramos Mejía, Brandsen, Merlo, Boulogne, Malvinas, Williams Morris, Libertad, Mercado Central, Lujan, Campana, Zarate, Derqui, Cuartel V16, Mar del Plata oeste, Verónica, Berisso, La Plata I, Chivilcoy, Lanús, Berazategui, Bernal, Solano, Bosques, Quilmes, Marcos Paz, Wilde, Ezpeleta, Chingolo, Fiorito, Dock sud, Giles, Los Hornos, Areco, Colón, Trujui, Banfield, Burzaco, San Vicente, Ituzaingó, San Justo, Baradero, Tablada, Longchamps, Ciudad Evita, Albertina, Turdera, Azul, Mar del Plata Sur y Mar del Plata Puerto.
En la baja de los 1200 contratos el viernes último, también hubo irregularidades como la cesantía de trabajadores con tutela sindical, protegidos por sus funciones gremiales. En General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires), La Rioja y Rosario (Santa Fe), se dieron de baja los contratos de delegados gremiales.
También se desafectaron de la nómina de la ANSES los contratos que se habían dado de alta como parte del cupo travesti trans en la administración pública nacional. Se trata de una ley de 2021, sancionada durante la administración de Alberto Fernández. Como el presunto criterio tuvo que ver con los ingresantes en la gestión previa, según denuncian los gremios, no se consideró que su baja contradice la normativa. Incluso, pone en riesgo la continuidad de la Dirección de Género en el organismo.