La enmienda del PSOE, Podemos y ERC a la Ley Celaá para que la educación diferenciada se quede sin fondos públicos, o lo que es lo mismo, sin conciertos, ha caído como un jarro de agua fría entre los centros sevillanos concertados que eligen este tipo de formación. Porque, además, no es la primera vez que son cuestionados.
En la provincia de Sevilla hay seis colegios concertados que imparten este modelo. Cuatro de ellos: Altair, Ribamar, Albaydar y Angela Guerrero, se ubican en la capital hispalense mientras que otros dos están en la provincia: Elcható de Brenes y Nuestra Señora de Lourdes en Carmona. Todos ellos, que tienen varias sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo avalando su sistema educativo, coinciden en que la modificación legislativa esconde una intencionalidad política para acabar con la concertada e imponer un modelo único.
Javier Delgado, director de Altair, un centro que acoge a 1.300 alumnos de Infantil, Bachillerato y FP y que se ubica en Parque Amate, afirma que lo que pretende el Gobierno es «polarizar» a la sociedad y «crear más crispación». Sobre todo, porque en 2018, el Tribunal Constitucional los avaló. «Dejó claro que la diferenciada no puede ser considerada discriminatoria y que puede acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros», dice. A su juicio, el Gobierno «va contra toda la concertada aunque tenga especial fijación en la diferenciada». Y en este sentido, el director de Altair afirma que en el siglo XXI «no tiene mucho sentido» el pensamiento de la escuela única que «quieren imponer».
«No pueden hablar de elitistas cuando acogemos a familias de los barrios más pobres de España y en la zona con la renta per cápita más baja», explica insistiendo en que si estas familias quieren ese modelo concreto, sería una «discriminación» con las familias humildes y quitarles la oportunidad que tienen gracias a los conciertos. Y añade que este tipo de colegios son muy corrientes en Europa y Estados Unidos.
Desde Ribamar, un centro en el que estudian unas 500 niñas en el barrio de Santa Cruz, su directora, Marta Valdés, asegura que la norma supone «volver a imponer una ley sin atender el clamor ciudadano y la comunidad educativa». Además, según dice, pretende eliminar la demanda social, queriendo cerrar unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías «obviando la libertad de elección de los padres y el derecho a elegir». «Es lo de siempre», recalca.
Pluralidad
Desde Elcható de Brenes, un centro femenino, su secretaria, Luisa Ridao, defiende que debe haber pluralidad en la educación con centros públicos, privados y concertados, para que cada familia elija lo que le gusta más. Y pone un ejemplo muy claro. «Igual que hay muchos sindicatos y muchos partidos políticos y todos se financian con dinero público, así debe ser en la enseñanza». Ridao, que también recuerda que los tribunales siempre le han dado la razón, también ve que lo que hay de fondo es un tema político y que «llevan toda la vida» con el tema. Además recuerda que es un modelo de enseñanza presente en todos los países.
En Albaydar, otro centro de chicas, su directora, Macarena López, cree que la reforma «atenta contra la libertad de enseñanza y vulnera el derecho de las familias a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos». Por ello insiste en que, para garantizar la libertad de elección, es necesario que exista pluralidad y que se de cabida a los distintos modelos educativos.
Desde la, Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada Cece. su secretario general, Rafael Caamaño, cree que quieren acabar con la concertada. Porque, según dice, eliminar los conciertos ala diferenciada es «una medida más» que se suma a otras como el hecho de que los ayuntamientos no puedan ceder suelos a estos centros. «Antes había consenso y coexistían la pública, la privada y la concertada, ahora parece que quieren romper los consensos», advierte asegurando que el PSOE está girando «hacia las tesis de Podemos».
Una batalla de hace veinte años
La batalla contra la diferenciada lleva años. Fue la Junta de Andalucía la que, cuando estaba en manos del PSOE inició su cruzada. Desde que en 1999 el entonces consejero, Manuel Pezzi, dijera que «si no aceptan la coeducación le retiraremos la subvención», se han repetido los recursos para quitarles la financiación. Sin embargo, numerosas sentencias han respaldado el modelo. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional avalaron que estos colegios tienen derecho a ser sufragados con fondos públicos y que no discriminan ni atentan contra el artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de sexos.
