Es habitual que la Audiencia de Sevilla celebré entre diez y quince juicios al mes por tráfico de drogas en la capital y en los pueblos de la provincia. Como habitual también es que este tipo de hechos se desarrollan en zonas degradadas de la ciudad como las Tres Mil Viviendas. Y uno de éstos casos ha acabado con la condena a diez personas, pertenecientes a un grupo que se dedicaba a la venta de cocaína y heroína en este barrio del Polígono Sur.
Todo tiene su origen en noviembre de 2015. Entonces, el Grupo VI de la Udyco de la Policía Nacional pone en marcha una investigación sobre un grupo de personas afincadas en esta barriada de la ciudad, sacudida por la delincuencia y el tráfico de drogas.
Entre estas personas se encontraban los ahora condenados, quienes, de común acuerdo, se estarían dedicando a la venta ilícita de sustancias estupefacientes, en concreto heroína y cocaína.
Fue en febrero de 2016 cuando la investigación policial continúa su camino en sede judicial. Los agentes de la Policía Nacional solicitaron al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla que ordenen entradas y registros domiciliarios.
Así, se pudo comprobar que Marco Antonio D.L.C.S. y Tamara R.G., como principal acusados, así como Jorge S.S.; Enrique R.C.; Martín Claudio B.M.; Eduardo Marcelo M.G.; Antonio F.C. y José Joaquín N.R.; y Joaquín J. Z., desde época no determinada, pero al menos desde noviembre de 2015, se estaban dedicando a la venta a terceros de tales sustancias ilícitas, en dos puntos de venta en calles del Polígono Sur. Muchos de los acusados cuentan con antecedentes penales y condenas por drogas, robos o hurtos.
Según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cada uno tenía una función dentro de la organización para que la venta siempre saliera como pretendían.
Turnos de mañana y tarde
El acusado Marco Antonio, junto a su pareja, la acusada Tamara R. G., eran los responsables del referido negocio de venta de droga, encontrándose de forma habitual en las inmediaciones del inmueble durante las horas de suministro.
Y en este organigrama aparecían como subordinados a ellos el resto de acusados. Eduardo Marcelo pernoctaba incluso en domicilio donde se hacían las compraventas y efectuaba allí las ventas de sustancias en horario de tarde y noche, siempre acompañado del acusado Marco Antonio.
Martín Claudio vendía en tramo horario de 10.00 a 14.00 horas solo o con Marco Antonio. Por su parte, la cabecilla era quien personalmente realizaba la mayor parte de las ventas directas a los consumidores.
Los «aguadores»
Los acusados Jorge S. S., Enrique R.C., Antonio F.C. y José Joaquín N.R. colaboraban en la actividad ilícita, realizando tanto labores de información sobre los puntos de venta a los compradores como servicio de vigilancia permanente en funciones de «aguadores» para dar aviso de la posible presencia policial .
Además, el grupo dirigido por el acusado Marco Antonio disponía de un inmueble usado como guardería situado en otro punto de la capital y además, junto a su mujer, era titular de una casa en Dos Hermanas.
Fruto de las vigilancias policiales llevadas a cabo por los agentes de Policía Nacional, de forma aleatoria para no se detectados se pudieron comprobar diferentes actos de venta desde noviembre de 2015 hasta febrero del año siguiente. Mes en el que el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla autorizó las entradas y registros en los domicilios vinculados a la organización.
En los mismos se incautaron sustancias estupefacientes por valor de 41.800,58 euros; joyas tasadas en 43.979,84 euros, que habían sido adquiridas con dinero de ilícita procedencia; armas; y tres vehículos, entre ellos un Porsche Cayenne, que fueron depositados en dependencias policiales de Blas Infante.
Los acusados usaban para sus desplazamientos los vehículos adquiridos con dinero de procedencia ilícita y ocultaban la verdadera titularidad poniéndolo a nombre de terceros como hizo Marco Antonio con el Porsche, que figuraba a nombre de su madre ya fallecida.
Una espada contra los agentes
El décimo condenado es un hombre de 35 años que trató de impedir a los agentes uno de los registros domiciliarios, obstaculizando el acceso de los policías, llegando incluso a coger una espada ornamental que no llegó a esgrimir.
Todos los acusados reconocieron los hechos, así como la existencia de todo lo encontrado en sus domicilios, lo que supuso «un eficaz auxilio a la administración de Justicia», en base al acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes y la Fiscalía. Los principales acusados, Marco Antonio y Tamara, fueron defendidos por Jesús Rojo y Patricio Rojo. En dicho acuerdo se ha tenido en cuenta las dilaciones indebidas del procedimiento, excesivas y desproporcionadas en relación a la entidad y escasa complejidad del asunto.
De esta forma, el tribunal condena por tráfico de drogas a Marco Antonio, Tarmara y Eduardo a un año y medio de cárcel y el pago de una multa de 20.900 euros; a Martín Claudio a un año y diez meses de prisión y 20.900 euros; y a Joaquín, Jorge, Enrique, Antonio y José Joaquín, a un nueve meses de prisión y 10.450 euros de multa. Mientras Abel ha sido condenado a tres meses de multa por resistencia a la autoridad.
Curiosamente, la Audiencia tuvo que celebrar dos juicios por los mismos hechos pues el acusado Joaquín no se personó el día 14 de octubre, cuando se desarrolló la vista oral, tras el acuerdo alcanzado entre las partes para los nueve acusados personados. Al día siguiente, acudió a los tribunales y hubo de celebrarse un nuevo juicio sólo contra él.
