La Consejería de Salud del Gobierno balear ha aprobado este jueves una resolución en la que se decreta el cierre inmediato de todos los establecimientos de ocio y restauración ubicados en dos calles de la zona turística de Magaluf, situada en el municipio mallorquín de Calviá. En concreto, se trata de las calles General García Ruiz y Federico García Lorca. El objetivo principal de esa resolución es intentar evitar posibles aglomeraciones de turistas en ambas calles.
El Govern ya había ordenado ayer, a través de una primera resolución, el cierre de la calle Punta Ballena de Magaluf y de las calles Pare Bartomeu Salvà y Miquel Pellisa de la Playa de Palma. Estas dos últimas vías son conocidas popularmente como la «calle del jamón» y la «calle de la cerveza», respectivamente. La Playa de Palma es una zona frecuentada sobre todo por turistas alemanes, mientras que en Magaluf la mayoría de visitantes suelen ser de nacionalidad británica. Las dos resoluciones ahora aprobadas han estado motivadas por las recientes aglomeraciones de turistas constatadas en ambas zonas, sin la preceptiva distancia social y sin hacer uso de las mascarillas.
Ante esta tesitura, el consejero autonómico de Turismo, Iago Negueruela, ya había avanzado el martes que el Ejecutivo regional endurecería las medidas de control actualmente vigentes en la Comunidad. Las dos citadas resoluciones, que tendrán una vigencia de dos meses, también prohíben dispensar bebidas en recipientes que tengan una cabida superior a los 600 centímetros cúbicos o beber con pajitas largas, con el objetivo de evitar los posibles contagios del Covid-19 que se podrían derivar del hecho de que varias personas pudieran compartir esos recipientes.
Negueruela señaló ayer en rueda de prensa que las actitudes incívicas detectadas en estos últimos días en Magaluf y en la Playa de Palma corresponderían a «casos muy puntuales». El consejero añadió que, en cualquier caso, «no se va a permitir» ese tipo de turismo de borrachera en las Islas. «No queremos que vengan según qué turistas, no es nuestra imagen», recalcó. Cabe recordar que con anterioridad a la existencia de la pandemia por el coronavirus, el Gobierno balear había aprobado ya en enero de este año un decreto ley que prohibía el turismo de borrachera y preveía sanciones de hasta 600.000 euros para las faltas más graves. Las tres zonas incluidas en ese decreto ley eran la Playa de Palma y Magaluf, por una parte, así como una zona de Ibiza, el denominado West End de Sant Antoni de Portmany.
Normativa hoy vigente
Por otra parte, cabe recordar que para reforzar las medidas dirigidas a prevenir hoy la propagación del Covid-19, el Govern aprobó ya el pasado lunes una resolución específica, que, entre otras disposiciones, obliga a llevar mascarilla también en la vía pública a partir de ahora. La consejera autonómica de Salud, Patricia Gómez, confirmó el lunes que quedan exentas de esa obligatoriedad zonas como playas y piscinas o situaciones concretas como llevar a cabo prácticas deportivas o tocar instrumentos de viento. Además, tampoco será necesario llevar mascarilla en otros casos, como por ejemplo al consumir alimentos en bares y restaurantes, al pasear por la naturaleza o al encontrarse en los paseos marítimos o en los centros de trabajo, siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de un metro y medio en esos dos últimos supuestos.
El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol había aprobado ya previamente, el pasado viernes, el decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establecía el régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones estatales y autonómicas dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el Covid-19. Ese decreto ley establece sanciones de hasta 600.000 euros para las infracciones más graves, como por ejemplo la comercialización de fiestas ilegales.
Con anterioridad a la aprobación de la resolución sobre el uso de las mascarillas y del citado decreto ley, el Govern había aprobado ya el pasado 19 de junio el plan autonómico que recogía las medidas de seguridad por el coronavirus que deberían aplicarse en todos los ámbitos del Archipiélago a lo largo de los próximos meses. Dicho plan fijaba, entre otras medidas, diversas restricciones para los locales de ocio nocturno, como por ejemplo la obligatoriedad de cerrar a las dos de la madrugada o la prohibición de poder bailar en el interior de las discotecas. Además, esa norma también establecía que este verano sólo podrán abrir sus puertas las salas que tengan un aforo máximo de 300 personas.
En ese contexto, varios centenares de personas, entre empresarios y trabajadores del sector del ocio nocturno de Baleares, se concentraron ayer en el Parque del Mar de Palma, para mostrar su desacuerdo con el citado plan. La concentración había sido convocada por la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (ABONE), que considera que las restricciones actualmente en vigor supondrán el cierre de numerosos negocios y la pérdida de miles de empleos. Esta patronal acusa además a Armengol de no haber buscado el consenso con el sector del ocio antes de aprobar el mencionado plan.
