El abogado sevillano Tulio García O’Neill es uno de los once letrados de toda España que, de forma conjunta, han presentado una querella en el Tribunal Supremo contra los 23 miembros del Gobierno central, con Pedro Sánchez al frente, para que se depuren las posibles responsabilidades penales en la gestión del Ejecutivo de la crisis sanitaria que vive este país derivada de la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado casi 27.000 muertes. Detrás de esta querella, según el letrado, «no hay sesgo político», sino la «búsqueda de la justicia».
La querella firmada por los once abogados de distintos puntos de la geografía nacional en representación, por ahora, de más de un centenar de familias de víctimas del Covid-19. Si bien, según ha detallado Tulio García O’Neill a este periódico, esta cifra se verá incrementada en los próximos días pues ya han sido más de 3.000 las familias que se han puesto en contacto con ellos para adherirse a la quella.
En estos casos están pendiente de resolver algunos asuntos con los certificados de defunciones, muchos de ellos derivados de la saturación que se vive en el Registro Civil con motivo del estado de alarma y la reducción de la plantilla de funcionarios.
La querella interpuesta por los once abogados en representación de las víctimas del coronavirus está dirigida contra el presidente Pedro Sánchez y sus 22 vicepresidentes y ministros por delito de homicidio por imprudencia grave, aún por definir el número exacto.
Si bien, Tulio García O’Neill explica que este es el planteamiento inicial sin perjuicio de que conforme avance la investigación judicial en el Supremo pudieran conocerse actuaciones que fueran constitutivas de otros delitos como prevaricación, lesiones, omisión del deber de socorro o contra los derechos de los trabajadores. También podría dirigirise contra más personas como el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad.
En primer lugar, el Tribunal Supremo, competente por el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, deberá decidir si admite o no la querella interpuesta.
García O’Neill explica que en un principio se pensó dirigir la querella contra los miembros del Gobierno que conformaban el gabinete de crisis de gestión del coronavirus, que además del presidente eran los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. Pero los abogados consideran que la mala gestión del Gobierno y que puede derivar en responsabilidad penal proviene antes del estado de alarma decretado el 14 de marzo.
La acción penal está iniciada
Ahora, los tribunales tendrán que «depurar responsabilidades» de quienes corresponda. «La acción penal está iniciada, ya se verá quién son los responsables», afirma el abogado sevillano.
«Las personas que han perdido a familiares suyos por el coronavirus, un hijo, un padre, una madre, un abuelo;quieren que se depure responsabilidades», insiste Tulio García, quien confiesa que se ha sumado a esta iniciativa profesional porque «es de justicia».
«Ha habido una acción u omisión por parte del Gobierno central por la que no se ha velado por la salud pública, así como una dejación de funciones. Si se hubieran tomado las medidas oportunas a tiempo, probablemente, se hubiesen reducido las consecuencias del Covid-19 en España», admite, consciente de que la pandemia era inevitable.
Según el abogado, el Gobierno, antes de decretar el estado de alarma, conocía la situación que ya estaba viviendo Italia, permitió partidos de fútbol, actos multitudinarios o concentraciones, que no sólo organizó sino que alentó a su asistencia.
Pero no sólo esto, sino que no llevó a cabo controles a los pasajeros que, por ejemplo, procedían de Italia en vuelos internacionales. «Un gobierno está para adoptar medidas y éste no lo ha hecho, a pesar de que fueron alertados», ha lamentado.
«No hay sesgo político en esta querella, lo hacemos por una cuestión profesional y por buscar la justicia», concluye este abogado sevillano.
