Iglesias presionará en el Gobierno para aprobar la «tasa Covid» a las grandes fortunas

Unidas Podemos (UP) planteará al PSOE elevar la presión fiscal para afrontar el declive económico de la España poscoronavirus. El Gobierno amaneció el jueves con un desplome del 5,2 por ciento del PIB en el primer trimestre, el peor dato registrado en el último medio siglo, y con la predicción de que el siguiente empeorará. Desde UP sostienen que el sistema fiscal es «muy desigual», porque «casi todos los impuestos los pagan pymes, autónomos y trabajadores». Por lo que, según ha confirmado ABC, UP va a plantear una «reforma fiscal profunda» durante la mesa de reconstrucción del Congreso.

El grupo confederal presionará para que se apruebe una «tasa Covid» temporal a las grandes fortunas, entre otras modificaciones fiscales. La estrategia es forzar el debate en la mesa de reconstrucción con el resto de grupos parlamentarios. Consideran que es el escenario conveniente para que el Partido Popular «digiera» el impuesto temporal a las rentas más altas. Siendo ésta una de las propuestas ideológicas más conocidas de Podemos. O que, por el contrario, los populares salgan «retratados» de la negociación con el Ejecutivo para dichos pactos porque, apostillan, «se trata de un impuesto de solidaridad».

Fuentes de Unidas Podemos explican que ya están trabajando en los contenidos que presentarán en el órgano parlamentario. «Hace falta una reforma fiscal profunda que incluya elementos como un impuesto a la riqueza», aseguran. Una figura que, recuerdan, ya se está utilizando en otros países. Además, el partido morado también quiere estudiar cómo hacer para que «tributen más los rendimientos de capital en el IRPF» o cómo impulsar un impuesto «más ambicioso» para las transacciones financieras y la banca.

«Tienen que pagar más»

«Es necesario que tengamos una tributación justa, no se trata de pagar más, se trata de discutir quién tiene que pagar más», expresó ayer en La Sexta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, figura clave de Podemos en La Moncloa. Además, Díaz señaló que la reforma fiscal es parte de la «hoja de ruta» del Gobierno: «Nosotros nos debemos como siempre al acuerdo programático», respondió, preguntada por la «tasa Covid».

En UP han empezado a posicionarse ya en lo que sin duda será un debate determinante y la prueba de resistencia de la coalición. El jueves la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, negó que el Gobierno trabaje en un impuesto a las grandes fortunas, aunque sí admitió que existen conversaciones para estudiar cómo hacer que contribuyan más mediante cargas como el Impuesto de Patrimonio.

Montero, preguntada ayer por la «tasa Covid», recordó que en el acuerdo programático «se planteaba que había que profundizar en la fiscalidad, no necesariamente con una figura fiscal propia, sino organizando las existentes en aquellos que más pueden aportar». Y añadió: «Será uno de los elementos que se discutan en la comisión de reconstrucción». Unas declaraciones que fueron recogidas con «satisfacción» en UP.

Las discordancias de estas semanas

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quiere plantear el debate de la reforma fiscal en el Consejo de Ministros una vez se haya desarrollado el plan de desescalada. Sabedor de que las negociaciones tensarán la relación entre PSOE y UP, buscará el momento clave para presentarle la propuesta al presidente Pedro Sánchez. En las negociaciones para aprobar las medidas económicas del «escudo social», término acuñado por UP, estallaron las fricciones entre los dos frentes económicos del Ejecutivo.

La tesis de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra Montero, en contra de poner en riesgo el equilibrio presupuestario, frente a Iglesias, la ministra de Trabajo y algún ministro socialista, partidarios de aumentar el gasto social «a pesar de todo».

La mayoría de los escollos se solventaron, aunque aún quedan anuncios en el aire como el ingreso mínimo vital. Sánchez e Iglesias se comprometieron en aprobar la prestación económica en mayo, aunque por el momento señalan que se retrasa hasta la segunda quincena a falta de consenso.