La Delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia expresó hoy su rechazo a la decisión del Gobierno interino de Bolivia de declarar personas non gratas a dos diplomáticos españoles y manifestó su preocupación por la «escalada de tensión» entre ambos países que derivó en esa medida.
Esa delegación difundió un comunicado para expresar «su profunda preocupación por la escalada de tensión diplomática que se ha saldado con la declaración de persona non grata de la encargada de negocios y del encargado de la sección consular de la Embajada de España, medida que rechaza».
Los jefes de misión de los Estados miembros y de la UE se reunieron el lunes con la representación española para conocer lo sucedido, según el comunicado, en el que la delegación del bloque europeo «agradecería recibir a la mayor brevedad una explicación de parte del Gobierno interino de Bolivia».
«La expulsión de funcionarios diplomáticos es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad. El pleno respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el diálogo son fundamentales para reducir la tensión», instó el bloque.
También expresó su «firme deseo» de que la situación se supere «con celeridad» y que las «tradicionales y excelentes relaciones de Bolivia con todos los Estados Miembros y la Unión Europea se restablezcan».
El Gobierno interino de Bolivia declaró ayer, lunes, personas non gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a otros funcionarios y les dio 72 horas para abandonar el país.
El Ejecutivo de la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, les acusó de haber dañado la soberanía de Bolivia por la visita a Mercado de los diplomáticos españoles acompañados de individuos, «encapuchados» y «presumiblemente armados», en su residencia en La Paz, el pasado día 27.
En la residencia mexicana se encuentran asiladas desde noviembre alrededor de una decena de antiguos funcionarios de la Administración del expresidente Evo Morales, varios de ellos acusados por el Gobierno de Áñez por delitos como terrorismo.
El suceso fue interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a exministros, algo que el Ejecutivo español ha negado en todo momento, al asegurar que se trató de una visita de «cortesía» y que los diplomáticos iban acompañados de «personal de seguridad» para su propia protección.
España ha calificado de «gesto hostil» la decisión del Gobierno boliviano y replicó con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos que, según la Cancillería del país sudamericano, fueron designados durante la gestión de Evo Morales.
El Ejecutivo interino de Bolivia ha aclarado que no se pretende romper relaciones con ninguno de estos países, sino de que acrediten a nuevos funcionarios en reemplazo de los expulsados.
