El Gobierno de Sánchez rechazó ayer imponer de manera inmediata la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, o cualquier otra medida, para garantizar el orden y la seguridad en Cataluña pese a la gravedad de los incidentes ocurridos en los últimos días. Sánchez se reunió por separado con Casado, Rivera e Iglesias sin comprometer ninguna decisión concreta que evite la impunidad con que Joaquim Torra, los comités de defensa de la república, y el mal llamado «tsunami democrático» están saboteando vías ferroviarias, carreteras y calles, con técnicas organizadas más propias de la «kale borroka» y la guerrilla urbana que de una expresión pacífica de protesta contra la sentencia del TS. Torra está permitiendo la batasunización de las calles mientras el Gobierno de Sánchez relativiza y contemporiza, limitándose a expresar una preocupación -lógica, desde luego-, y a exigir de modo absurdo al presidente de la Generalitat una condena de la violencia.
Torra no solo no va a condenar nada, sino que jalea a diario a los CDR y los protege. Ayer mismo abandonó una reunión con su consejero de seguridad para sumarse a una marcha de la ANC y ayudó a cortar autovías para aseverar que su Gobierno «está al lado de la gente» y que los catalanes tienen derecho a protestar. Sin embargo, lo que está ocurriendo no es una simple protesta. Casi 130 agentes policiales heridos y más de 50 detenidos atestiguan la mentira radical de que se trata de manifestaciones legítimas e inofensivas. Cataluña está inmersa en un caos de orden público, y Torra se jacta de ello sin que nadie ponga coto a sus desvaríos. El Gobierno acierta al buscar la unidad de actuación con los principales partidos frente a los abusos contra la seguridad nacional cometidos en Cataluña. Sin embargo, Sánchez no se hace la pregunta determinante: ¿su Ejecutivo está cumpliendo de modo eficaz con su obligación de garantizar el orden y la seguridad en todo el territorio nacional? La respuesta solo puede ser afirmativa o negativa. Y basta con observar cualquier imagen de Barcelona en las últimas horas para sostener que no es así, y que no es posible afirmar, como La Moncloa, que aún no se dan los presupuestos necesarios para aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Sánchez amaga sin golpear, de hecho, como informa ABC, Interior dio instrucciones el martes a los responsables del despliegue para que los antidisturbios de la Policía Nacional no usasen pelotas de goma ni botes de humo y redujeran al mínimo las detenciones, lastrando así la eficacia de su labor. Aduce Sánchez que tiene todos los escenarios previstos «sin descartar ninguno». Pero los CDR actúan a capricho destrozando lo que estiman conveniente en perjuicio de los ciudadanos, el comercio, el turismo y la rutina laboral de los catalanes. Hay violencia y el Gobierno solo opone buenas palabras.
El riesgo de que la situación supere a Sánchez es muy alto. La seguridad en Cataluña pareció fuera de control el martes. Es llamativo que en Londres más de 1.400 personas hayan sido detenidas por vulnerar la prohibición de manifestarse violentamente contra el cambio climático sin que eso resulte escandaloso, y en España sea un legítimo ejercicio de libertad paralizar un aeropuerto, incendiar las calles, herir a agentes o colapsar con barricadas carreteras y accesos ferroviarios. Tanta permisividad es incomprensible, sencillamente porque lo que ocurre es ilegal. ¿Cómo es posible sostener que los Mossos actúan para proteger a quienes siembran el caos?, como afirma Torra. Sánchez debe actuar de modo contundente, porque quien ostenta la autoridad en Cataluña es el primer pirómano. No puede olvidarse que la Audiencia Nacional mantiene en prisión a siete miembros de los CDR acusados de terrorismo porque pretendían atentar contra instalaciones sensibles del Estado.
Si el Gobierno no asume las competencias para poner orden es porque no cree relevante este ataque violento a la democracia. Ataque que la Generalitat patrocina de modo indigno. Con un añadido preocupante: el separatismo es el que guió a Sánchez a La Moncloa y el que sigue siendo socio del PSC en cuarenta ayuntamientos e instituciones catalanas. Romper con Torra es una necesidad de Estado para ser creíble porque de lo contrario la imagen de ambos en Pedralbes seguirá repitiéndose en el imaginario colectivo como una muestra de hipocresía política. Sánchez debe salir de su parálisis y del cinismo con el que ayer, en su intervención nocturna (con veinticuatro horas de retraso), no reprochó a Torra que horas antes se uniese a los sabotajes cortando una autovía, porque eso, apropiarse de la vía pública e impedir la libre circulación de los ciudadanos, también es violencia y coacción. Como lo fue la toma de las calles de Barcelona, una noche más, por una legión de vándalos incendiarios con la estelada por bandera.
