El relato de hechos probados del tribunal comienza el 8 de septiembre de 2017, con las leyes de desconexión. Primero fue la ley de Transitoriedad del Parlament, que se presentaba como norma suprema del ordenamiento jurídico catalán hasta que fuera aprobada la Constitución de la nueva República; luego la ley del referéndum de autodeterminación. «Ambos textos (...) formaban parte de una estrategia concertada por los principales acusados. Se trataba de crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República independiente de Cataluña».
Estos son los hechos que constituyen la verdad judicial, el desenlace que cierra por escrito este capítulo.
Reparto de funciones entre los condenados
El Tribunal explica el rol de cada uno de los doce acusados en los actos del plan secesionista ilegal. En esa actuación, los líderes del «procés» establecieron un reparto de funciones. La estrategia pivotó sobre tres pilares: el gubernativo, el legislativo y el callejero, representado por Jordi Sànchez y Cuixart. Ese acuerdo implica a los «Jordis» de lleno en la actuación ilegal, a pesar de que no tuvieran cargo público. «Con el fin de lograr una participación relevante en la consulta presentada como la expresión del "derecho a decidir", se sumaron al concierto los acusados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart», cuyas organizaciones fueron puestas «al servicio de la maniobra de presión política» del «procés».
Los letrados del Parlament avisaron
los líderes del «procés» tramitaron las leyes de la ruptura en el mes de septiembre del año 2017, en unas jornadas en las que pisotearon los derechos parlamentarios de la oposición. Hasta los letrados del Parlament les avisaron de que estaban desobedeciendo. «El letrado mayor y el secretario general del Parlament expresaron en sus respectivos informes que la admisión a trámite de ambas proposiciones de Ley resultaba contraria a las resoluciones prohibitivas del Tribunal Constitucional y conculcaba los requerimientos expresamente realizados para que se impidiera o paralizara cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias que estas nuevas proposiciones de ley desarrollaban».
Asedio a la Consejería de Economía el 20-S
Lo sucedido el 20 de septiembre de 2017 no fue una protesta pacífica. Aquel día, una masa de unos 40.000 militantes rodeó la Consejería de Economía que era registrada por una comitiva a las órdenes del juez número 13 de Barcelona. Era una actuación contra la preparación del referéndum ilegal.
«La movilización impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los detenidos, quienes debían estar presentes en el registro, conforme disponen las leyes procesales. También impidió que pudiera ser atendida la orden judicial con plena normalidad», explica el relato de hechos probados. La letrada de la administración de justicia tuvo que ser «infiltrada entre los espectadores que abandonan el teatro sito en el inmueble colindante».
La reunión con Trapero
Los jueces dan por probado que los jefes de los Mossos d’Esquadra, entre ellos el major Josep Lluís Trapero, avisaron a los líderes secesionistas de que habría violencia en las calles si seguían adelante con el referéndum ilegal.
Aluden, en concreto, a la reunión celebrada el 28 de septiembre, a cuatro días de la votación, ilegal con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Ese encuentro fue uno de los debates recurrentes en el juicio.
A pesar de los avisos de los responsables de los Mossos, los antiguos gobernantes catalanes dejaron claro que mantenían sus planes. «Ello dio lugar a la advertencia de Josep Lluís Trapero, jefe policial de los Mossos, de la posible concurrencia a la votación de dos millones de personas, con el riesgo subsiguiente de graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos».
La connivencia de los Mossos d'Esquadra
El referéndum ilegal del 1-O no fue una votación legítima ni una manifestación de protesta. Los magistrados desbaratan las coartadas de los líderes del «procés» y consideran acreditado que los acusados alentaron el 1-O para provocar un acto tumultuario que dejara en papel mojado las resoluciones del TC. En los hechos probados, relatan lo que sucedió.
«En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de la que eran portadores los agentes». En esa narración de lo que sucedió, los magistrados denuncian el rol de los Mossos, cuyo papel será juzgado en otra vista oral.
«Los Mossos, que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado Forn, no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros. En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación».
Con el escenario que se encontraron los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los puntos de votación, «se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista».
«Simbólica e ineficaz» declaración final
El punto culminante del plan ilegal llegó con la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre. «Esa simbólica e ineficaz declaración de independencia fue el desenlace de un proceso de tramitación legislativa que se desarrolló en abierta y contumaz oposición a todos los requerimientos formulados por el TC, que una y otra vez advirtió (...) de la ilegalidad de las iniciativas promovidas».
