La Ley de Residuos y Suelos Contaminados de Baleares acabará previsiblemente en el Tribunal Constitucional. El Gobierno central cuestiona dos artículos de dicha norma, que el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol no prevé modificar, al considerarlos ajustados a la legalidad. El punto de la nueva ley que más critica el Gobierno de Pedro Sánchez es que Baleares pretenda hacer pagar más a quien más contamine, propósito que invadiría las competencias del Estado en materia tributaria.
Las discrepancias entre ambas administraciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno central envió un requerimiento al Govern en el que le advertía de la posible
inconstitucionalidad
de sendos artículos de esa pionera norma autonómica. Con posterioridad, el pasado miércoles, se celebró una comisión bilateral entre representantes de las dos administraciones para intentar acercar posiciones, pero la reunión acabó sin que hubiera cambios de criterio en ninguna de ambas partes.
Cabe recordar que la Ley de Residuos prevé prohibir o limitar al máximo, entre otros productos, las vajillas de plástico, las cápsulas monodosis de café o los bastoncillos para las orejas, es decir, los plásticos de un solo uso. La nueva disposición se aprobó en enero de este año y debía entrar en vigor en 2020, pero finalmente se acordó que fuese un año más tarde, en concreto el 1 de enero de 2021.
El recurso de inconstitucionalidad se acabará presentando
Con ese retraso se quería dar desde el Govern una mayor seguridad jurídica al texto y evitar la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, a tenor de lo acontecido hasta ahora y salvo sorpresas de última hora, el citado recurso se acabará presentando finalmente.
Divergencias de fondo
Los dos artículos de la Ley de Residuos de Baleares cuestionados por el Gobierno central son el artículo 9 y el artículo 23. El primero hace referencia al «pago por generación», mientras que el segundo se refiere a la «regulación relativa a los productos de un solo uso». Desde el Ejecutivo regional se considera, como se ha indicado, que ambos artículos se ajustarían a la Constitución. Cabe recordar que en la presente legislatura el consejero de Medio Ambiente es el ecosoberanista de MÉS Miquel Mir, si bien la nueva ley fue impulsada en el pasado mandato por su antecesor en el cargo, Vicenç Vidal, de la misma formación política.
El actual director general de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente, Sebastià Sansó, explicó este jueves a ABC que, por lo que se refiere al artículo 9, «el Govern no está creando una tasa o un tributo nuevo, sino que está planteando medidas extrafiscales, ya previstas en las actuales directivas estatales y comunitarias». Para Sansó, «el Estado cuestiona nuestra potestad, como autonomía, de poder legislar en materia medioambiental».
Con respecto al artículo 23 de la Ley de Residuos, las diferencias de interpretación entre las dos administraciones son más bien de detalle. Así, la norma autonómica dice que a partir de 2021 solo se permitirá en Baleares la distribución de bolsas de plástico compostables «muy ligeras», mientras que el Gobierno central considera que también se tendría que permitir la distribución de bolsas de plástico compostables «ligeras». En este punto tampoco ha sido posible alcanzar hasta ahora un acuerdo.
