Arranca un nuevo curso económico y hace tiempo que no lo hacía tan marcado por la inestabilidad política, tanto nacional como importada. Han pasado ya 459 días desde que la moción de censura descabalgara a Mariano Rajoy del gobierno y diera paso al equipo de Pedro Sánchez y desde entonces la debilidad parlamentaria ha frenado en seco las reformas económicas. El país se asoma así a 2020 con la posibilidad cada vez más cierta de hacerlo con las cuentas que diseñó Mariano Rajoy para 2018, aunque la realidad económica es hoy bien distinta. La amenaza de la recesión en Alemania consolida las posibilidades de un parón también en España, con el Brexit y la guerra comercial de China y Estados Unidos como amenaza de fondo. Además, los problemas típicos de la economía española siguen ahí, con las pensiones, el déficit y la deuda aún sin una respuesta clara. Todo ello sazonado de una desaceleración que ya ha llegado en forma de un crecimiento trimestral entre abril y junio del 0,5%, dos décimas menor que en el periodo precedente. El curso comienza y parece que el Gobierno llega con los deberes sin hacer.
Financiación autonómica
El motín de la Generalitat de Cataluña y de las comunidades del PP para reclamar a Hacienda las entregas a cuenta pendientes de reparto por valor de 4.700 millones, es un entrante de la batalla campal que se avecina ante la negociación del futuro modelo de financiación autonómica. Una reforma pendiente desde 2014 y que el Ejecutivo reabrirá en cuanto sea investido, ahora que los gobiernos autonómicos ya están conformados tras las elecciones del 26-M. Por el momento, para plegarse a las demandas de las comunidades del PP, el Ministerio de Hacienda debe convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera. El reglamento de este órgano obliga a convocarlo dos veces cada ejercicio, después de que desde agosto de 2018 no haya habido cita alguna.
Las regiones más damnificadas por la actual situación son Comunidad Valenciana -que percibiría así 2.052 millones menos, de acuerdo a sus cuentas-, Madrid (733 millones) y Galicia (528 millones), todo ello sin incluir la liquidación por la mensualidad de IVA pendiente de 2017. La propia ministra María Jesús Montero aseguró que reunirá al Consejo antes de «final de año». Debe hacerlo, además de para encontrar una solución al reparto de las entregas a cuenta que el Ejecutivo dice no puede repartir en funciones en base a la Abogacía del Estado, para aprobar los pertinentes objetivos de déficit. De relajarlos para las regiones, esta podría ser la solución a la retención de los recursos a las comunidades.
Techo de gasto
La falta de Gobierno ha retrasado la aprobación del techo de gasto para las futuras cuentas de 2020 que, según la legislación, el Ejecutivo debería haber presentado antes de que arrancara el mes de agosto. El techo de gasto es un trámite previo para la elaboración de los Presupuestos que, además, sirve de referencia a todas las administraciones para dibujar sus cuentas para el año próximo, por lo que su ausencia puede suponer un bloqueo en cadena. La diputada socialista Patricia Blanquer aludió a la interinidad del Ejecutivo la semana pasada en el Congreso como causa de este retraso: «El Gobierno está en funciones. Tiene muy limitada su capacidad de maniobra. No está facultado para aprobar los Presupuestos ni decretos leyes, y el techo de gasto forma parte del inicio del proyecto presupuestario», apuntó.
La oposición, sin embargo, denuncia que «la falta de aprobación del techo de gasto condena a nuestro país al inmovilismo», en palabras del portavoz adjunto para asuntos económicos del grupo parlamentario popular, Mario Garcés. «Un gobierno incapaz de articular el procedimiento para la aprobación de las cuentas de 2020 comete una imprudencia intolerable», asevera. Está previsto que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, acuda al Congreso para explicar las consecuencias de este retraso y la situación presupuestaria del país.
Déficit desbocado
El déficit del Estado hasta junio se ha disparado en 2,245 millones de euros, un 27% más, hasta alcanzar los 10.514 millones (un 0,84% del PIB). Pese a que la prórroga de los Presupuestos está provocando una contención del gasto y la inversión, los decretos aprobados por el Gobierno para elevar el sueldo de los empleados públicos y revalorizar las pensiones están pasando factura sobre las cuentas públicas de Administración y Seguridad Social. En este sentido, la propia Autoridad Fiscal cree que el desequilibrio acabará en el 2% del PIB pronosticado por el Ejecutivo, pero no así la deuda pública, que en sus estimaciones perforará el 96% del PIB este año incumpliendo el objetivo del 95,9%. Asimismo, la celebración de elecciones generales, autonómicas y municipales ha podido comprometer el rigor de la consolidación fiscal y de la regla de gasto.
Presupuestos pendientes
El Gobierno tiene la intención, aún, de aprobar los Presupuestos Generales de 2020 si se conforma finalmente Ejecutivo, pero incluso en este escenario favorable, los plazos aprietan. La Constitución recoge que el Gobierno está obligado a presentar a las Cortes un proyecto de cuentas para el año siguiente antes de acabar septiembre. Todo ello debiendo aprobar antes los objetivos de déficit y el techo de gasto, lo que dibuja una agenda exigente. Ante la posibilidad de nuevas elecciones o incluso conformando Gobierno, es muy probable que en los primeros compases de 2020 rijan los Presupuestos prorrogados de... 2018, un hecho inédito en democracia.
Quedan en barbecho el aumento de inversión en las comunidades previsto en las cuentas de 2019 que tumbó el Congreso... pero también la subida de impuestos al diésel, las grandes empresas y las rentas altas en el IRPF y al diésel. El Ejecutivo pretende incluir todas estas medidas en sus cuentas para 2020.
Funcionarios y pensionistas
De haber elecciones, hay dudas sobre qué ocurrirá con la revalorización de los sueldos de funcionarios y pensionistas. En el caso de los empleados públicos, como describen desde CC.OO. se debe sacar por decreto-ley, siendo el Ejecutivo plenipotenciario, para asegurar la revalorización fija prevista en 2020 del 2% -aunque según el crecimiento del PIB y el cumplimiento del déficit se puede llegar hasta el 3,85%-. No obstante, ya en las cuentas de 2018 se incluía el acuerdo al que llegó entonces con los sindicatos el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con las pertinentes subidas en 2020, lo que deja una puerta abierta al alza.
En el caso de las pensiones, de no haber nuevas cuentas, sí se articularía la subida que recoge la reforma de 2013, del 0,25%. En 2019 fue posible ligarlas a la inflación porque las cuentas de 2018 preveían ya que entrara un 1,6% acorde al IPC para dos años -2018 y 2019-, pero para 2020 no incluyen previsión alguna. Por ello, y pese a que el IPC de agosto bajó hasta el 0,3%, si el Gobierno quiere una revalorización mayor debe estar constituido y ser capaz de aprobarla, al menos, por decreto-ley, contando con el beneplácito de las Cortes.
Pacto de Toledo
La comisión parlamentaria encargada de arrojar luz sobre uno de los problemas económicos más complejos que afronta España, el futuro de las pensiones, arranca el curso sin constituir. La puesta en marcha de la comisión del Pacto de Toledo es una de las tareas pendientes más urgentes para el nuevo curso pues es el foro encargado de redactar las recomendaciones que guíen la reforma de un sistema sobre el que pesa un déficit de 19.000 millones. Esta comisión descarriló sin acuerdo tras dos años de trabajo el pasado mes de febrero ante el final de la legislatura. Este verano el Partido Popular reclamó que se retome «con urgencia» este trabajo y registró un escrito ante la Mesa del Congreso. Según explicó José Ignacio Echániz, portavoz adjunto del PP en el Congreso, la comisión «se debería haber constituido en julio para poder empezar a trabajar con normalidad el 1 de septiembre».
Lo cierto es un su tarea no es sencilla. El Pacto de Toledo lleva intentando llegar a un acuerdo sobre cómo estructurar la viabilidad del sistema de pensiones desde que el pasado mes de septiembre acordó volver a ligar la subida de las pensiones al IPC. Fue el primer y único acuerdo de los trabajos de una comisión que habían echado a andar año y medio antes. La subida general del 1,6% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas aplicadas en 2018 y este año han elevado la factura de las jubilaciones a cifras nunca vistas y el déficit del sistema público amenaza con escalar, de nuevo, hasta cantidades históricas.
La Seguridad Social destinó el pasado mes de junio la cifra récord de 9.644,3 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 7% más que en el mismo mes de 2018, según datos del Ministerio de Trabajo. Además, el número de pensiones avanzó ese mes un 1,2% respecto al mismo mes de 2018, hasta 9.733.234 pensiones, nuevo récord del sistema. Con ella se sumaron ya 41 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%. Por su parte, al déficit de más de 19.000 millones que soporta el sistema hay que añadir también una deuda que este año escalará hasta los 65.000 millones, cifra que refleja la situación crítica por la que atraviesa.
Guerra comercial y Brexit
Algunos de los vientos de cola internacionales que han ayudado a España los últimos años han cesado definitivamente este verano y amenazan con virar a la contra durante el nuevo curso. La economía alemana se contrajo un 0,1% en el segundo trimestre del año y el Bundesbank da prácticamente por seguro que la entrada en recesión se producirá en el tercero. El desplome de la industria y las tensiones derivadas de la guerra comercial entre China y Estados Unidos parecen estar detrás del frenazo de la locomotora europea.
Y es que la guerra comercial ha hecho de Europa su principal víctima, al debilitarse el comercio exterior en que se había apoyado la economía del Viejo Continente para dejar atrás la crisis. No en vano, el conflicto mantiene en vilo a unos mercados que también sufren ante la posibilidad de tener que digerir un Brexit duro. Un escenario que se ha agravado en las últimas semanas y ante el que es necesario medidas para reforzar la competitividad de la economía española y afrontar la debilidad que pueden aquejar sectores como la industria o las exportaciones, pero frente al que el Ejecutivo se presenta aún sin haber sido investido.
