Con las cuentas prorrogadas desde 2017, la incapacidad del gobierno catalán para aprobar los Presupuestos para 2020 se ha convertido en la prueba más contundente de su inoperancia. Responsabilidad del departamento de Economía, con Pere Aragonès (ERC) al frente, las cuentas son también un nuevo motivo de fricción entre los republicanos y JpC.
Mientras que para ERC su aprobación sería una oportunidad para abrirse a una negociación más allá del ámbito independentista, sobre todo con los comunes, inclusó también con el PSC, los sectores más irredentos de JpC ya marcan a sus socios republicanos las líneas rojas después de que ayer se conociesen las líneas maestras del proyecto de Presupuestos preparado por Pere Aragonès, y que prevé un incremento del gasto social de unos 2.500 millones.
Al respecto, JpC reclama al vicepresidente y consejero de Economía que no incurra en «renuncias nacionales» para lograr apoyos para sacar adelante las cuentas, reclamando en este sentido que se priorice la «unidad independentista» para sacarlos adelante, con lo que sería necesario el concurso de la CUP. Los antisistema ya han advertido de que para que ello sea posible el Govern tiene que poner sobre la mesa una agenda para la autodeterminación que sea «real y efectiva, y no simbólica y retórica».
En el otro extremo, el PSC reclama precisamente todo lo contrario. El diputado Ferran Pedret condiciona al abandono de la postura de «confrontación» por parte del gobierno de Torra el poder abrir cualquier tipo de negociación. Por su parte, el líder de Units per Avançar y diputado, Ramon Espadaler, consideró el anuncio como un movimiento electoralista. «Es campaña electoral pura y dura», apuntó respecto a la filtaración de los grandes trazos del proyecto de cuentas hecho por el departamento de Economía.
«Electoralismo»
Entre los comunes cunde también la sensación de que se trata más bien de un anuncio electoralista, y anuncian que no no darán «cheques en blanco» al ejecutivo catalán con las nuevas cuentas. En declaraciones a Efe, el diputado de Catalunya en Comú Podem David Cid afirmó que no participarán en «campañas preelectorales» o «anuncios mediáticos». Por su parte, la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, se mostró escéptica sobre el proyecto de Presupuestos al afirmar que no tiene «ninguna esperanza» de que el ejecutivo autonómico tenga una prioridad distinta al «procés».
Si la postura de la oposición se podía dar por previsible, la reacción de JpC ya anticipa que la negociación de las cuentas volverá a hacer crujir las cuadernas del Govern. Fuentes de JpC citadas por Efe señalaron ayer que los diputados Albert Batet, Teresa Pallarès y Jordi Munell trasladaron a Aragonès que no haga renuncias. «Queremos presupuestos, pero no los queremos a cualquier precio. No queremos unos cuentas que nos hagan renunciar al proceso de independencia de Cataluña», subrayó el diputado Batet tras su reunión con Aragonès.
Más gasto social:Mossos, Bomberos, guarderías, Salud y Línea 9
El proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2020 en el que trabaja el Govern prevé incrementar la inversión social en 2.500 millones en relación a las últimas cuentas vigentes, de 2017, y que se destinarían básicamente a sanidad, seguridad y educación. Según avanzaron ayer Catalunya Ràdio y RAC1, los planes de departamento de Vicepresidencia y de Economía serían dedicar estos 2.500 millones a ampliar las plantillas de Mossos y Bomberos, a bajar las tasas universitarias, financiar las plazas de las guarderías públicas y a Salud. Además, parte de estos recursos irían destinados a una inversión importante en infraestructuras, que podría ser culminar el tramo central de la línea de metro L9. El incremento de 2.500 millones para la inversión social representa 795 millones más que los que estaban adjudicados en el proyecto de cuentas de 2019, que no llegó a aprobarse por falta de apoyo parlamentario. Esta cantidad, además, supondría recuperar el nivel de inversión pública anterior a los recortes de 2010. El Govern inicia hoy una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para negociar el apoyo a los presupuestos.
