«Nunca hubiera pensado que lo de “retomar el control” podía ser algo tan siniestro», dijo el ex primer ministro belga, Gyu Verhofstadt, el encargado de representar al Parlamento Europeo en las negociaciones del Brexit en la anterior legislatura. En efecto, el último giro de la política británica que ha salpicado gravemente a la propia Corona con los despojos de la lucha política. La decisión del primer ministro conservador Boris Johnson de suspender el Parlamento para intentar evitar las maniobras de los que se oponen a una ruptura sin acuerdo con la UE ha desencadenado una crisis gravísima en Londres que para la mayor parte de los cuadros y altos funcionarios europeos se definía como «alucinante».
En la carta que Johnson ha enviado a los diputados conservadores decía que siempre había pensado que en esta época estaban perdiendo el tiempo y que este calendario forzado les deja el tiempo necesario para poder ratificar un eventual nuevo acuerdo de retirada, que él espera conseguir ahora. De hecho, la idea de Johnson es precisamente enviar a Bruselas el mensaje de que no deben esperar nuevas peticiones de aplazamiento o sorpresas de otro tipo, sino que las opciones se reducen a aceptar el Brexit sin acuerdo o someterse a sus intentos de reabrir el tratado ya pactado con su predecesora Theresa May.
Ante una sensación de hartazgo cada vez más acusada en las instituciones europeas, la nueva presidenta de la Comisión, la alemana Ursula van der Layer, había dicho en su discurso de investidura que favorecería la concesión de una nueva prórroga del artículo 50 «si los británicos lo necesitan por una razón importante». El último movimiento por parte del primer ministro Johnson puede tener como consecuencia unas elecciones anticipadas que es una de esas «razones importantes» con las que se especula en Bruselas.
El problema es que cualquier permanencia del Reino Unido dentro de la UE más allá del 1 de noviembre abre una catarata de problemas técnicos y jurídicos, el primero de ellos la necesidad de que quien quiera que sea el inquilino del numero 10 de Downing Street debería entonces nombrar a un comisario, o de lo contrario podría ponerse en cuestión la validez jurídica de todo el Colegio de Comisarios. La única opción interesante para Bruselas sería la anulación pura y simple del artículo 50, es decir la renuncia al Brexit, para lo que el Tribunal Europeo de Justicia ha dicho que los británicos tienen hasta el último segundo del 31 de octubre.
