El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha elaborado un informe alternativo ante el examen periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que se someterá España este año, y en el que señala la necesidad de
acabar con las esterilizaciones
, internamientos, tratamientos y abortos forzosos por razón de discapacidad.
Naciones Unidas ha declarado en varias ocasiones que la esterilización forzosa y el aborto obligatorios influyen adversamente en la salud física y mental de la mujer y violan su derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. Además, ha instado a los Estados Partes a que garanticen que se adopten medidas para prevenir la coacción en relación con la fertilidad y la reproducción.
El Cermi, nombrado en 2011 mecanismo independiente deseguimiento de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, apunta que hay que mejorar las tasas de empleabilidad de las personas con discapacidad, cumplir la legislación sobre accesibilidad universal y reemplazar los regímenes de sustitución en la toma de decisiones por un sistema basado en apoyos. Todas son recomendaciones realizadas por la ONU en 2015 que «siguen sin cumplirse».
Lucha contra la «discriminación múltiple»
Esta organización reclama garantizar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de atención temprana y asegurar que puedan expresar sus opiniones de forma libre sobre todas las cuestiones que les afectan.
En este sentido, urge a derogar todas las disposiciones jurídicas, incluido el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de prohibir la institucionalización forzosa y los tratamientos forzosos por motivo de discapacidad; garantizar que las intervenciones por motivo de salud mental se basen en los derechos humanos, y asegurar a las personas con discapacidad investigadas o imputadas la accesibilidad y ajustes en todas las fases de los procesos judiciales.
De igual modo, el Cermi exige reforzar la lucha contra la «discriminación múltiple» que sufren las mujeres y niñas con discapacidad y contra la mayor exposición a la violencia.
Como aspecto positivo, el informe subraya que el España sí ha cumplido la observación de garantizar el derecho de sufragio
activo y pasivo a todas las personas con discapacidad, gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que se materializó el pasado año.
